La verdadera opción en las próximas elecciones parlamentarias será nuevamente entre el autoritarismo-civil-militar, expresado en la oposición de derecha liderada por Joaquín Lavín y cuyo candidato emblemático es un ex jefe de una rama de las Fuerzas Armadas que usa el poder adquirido en esas funciones para chantajear en política, y la decencia democrática, expresada principalmente en el gobierno y la coalición que lo apoya, la Concertación.
Si alguien tenía dudas de la presencia de poderes fácticos en la operación que terminó con la candidatura de Piñera, hoy ya se despejaron. Todos intuían que había algo detrás de un acuerdo presentado primero como generoso, y ya quedó claro que hubo una operación de inteligencia.
Pero lo más importante de esta última semana, lo novedoso, es que se sobrepasaron todos los límites de la decencia y se ha convertido a este país en una gran feria de de personalidades y hechos que lo hacen parecer a un circo siniestro: un cardenal de la Inquisición que siempre usó sus investiduras religiosas para imponer sis posiciones políticas de tipo fascistoide, que llama a votar por los candidatos del pinochetismo; otro cardenal muy respetable cuando se mantiene en sus funciones eclesiásticas, pero que nunca ha entendido mucho de este país, se mete a respaldar al anterior, y un ex militar que se disfraza con uniforme para amenazar con la presencia de ese poder en las próximas elecciones.
Se suman al cuadro ex agentes de la CNI que siguen sus actividades candestinas de terror, y unos políticos de derecha que nunca han hecho otra cosa que mirar a los militares y que defienden todo esto. Es el festín de la indignidad.
Y para colmo, el juez Guzmán se agrega a la chacota declarándose incompetente, haciéndonos perder la confianza en lo poco rescatable que quedaba de la justicia chilena. Que no se diga ahora que “las instituciones están funcionando”...
El gobierno se ha visto sorprendido frente a esto y a la persistencia clandestina de la CNI, pero no ha condenado con suficiente fuerza actitudes que pueden llevar a la total deslegitimación del sistema político. Es hora de dejarse de gentilezas con los poderes fácticos. Las jerarquías eclesiasticas son respetables siempre que no usen su autoridad para imponer sus ideas a la gente. Cuando lo hacen, cuando cometen delitos eclesiásticos -transgedir las normas éticas de su propia organización-, no deben ser respetadas , ni escuchadas, ni seguidas.
Las Fuerzas Armadas deben ser respetadas cuando cumplen estrictamente sus funciones, pero no deben serlo cuando altos miembros de ellas han deliberado y conspirado políticamente, y cuando usan sus símbolos y su trayectoria militar para ejercer presión sobre los ciudadanos. Y la derecha no puede ser respetada cuando se dedica a promover y defender todo aquello que deslegitima la política.
¿Qué pasa? ¿Ya se perdió toda brújula, toda decencia, toda preocupación por el país?
Es curioso que todo esto ocurra sin que haya una condena moral. Estoy cierto que la opinión pública rechaza la indecencia de autoridades eclesiásticas, militares y políticas y las debilidades de quienes administran justicia, pero ello no tiene una sanción moral ni política. Es el todo se vale, el pasar piolita, el reírse de los principios y aprovecharse de la fragilidad de las instituciones: la impunidad otorgada a Pinochet se transforma en norma ética general.
Es el reino de los poderes fácticos, expresados por lo más autoritario y por quienes debieran dar ejemplo de virtudes cívicas, por quienes debieran ayudar a proteger la legitimidad de la política. Si Lavín, Arancibia y los otros no respetan al país, sus instituciones y la libertad de la gente, no pidan que se les respete a ellos.
Por eso las elecciones parlamentarias vuelven a plantear el dilema entre autoritarismo y democracia, entre inmoralidad pública y decencia. Pero no basta con ello: el gobierno y la Concertación deben mostrarle al país ese dilema, deben decir las cosas tal cuales son, sin ocultar ni la información ni la opinión que tengan de estos hechos.
No puede ser que los únicos que hablan sean los mismos que se ríen del país y de su gente sin que nadie los denuncie y sancione.