Una de las perversiones de la política chilena es la vinculación que existe entre ella y el poder económico, lo que es especialmente visible en la derecha, aunque también se ha dado en mucho menor escala en la Concertación. Recientemente ello se ha expresado en la intervención política de sectores empresariales, graficado en que el ex dirigente del pricipal organismo gremial aparece ahora revistiendo de carácter académico sus propias opiniones sobre el gobierno de Lagos, basado en un documento emitido por un centro de estudios dependiente de un partido de opisición.
Si ello ocurre en la UDI, tampoco es menor que los problemas de Renovación Nacional se resuelvan con la designación de un empresario, que independiente de sus ideas y su valor personal, ya ha mostrado en el pasado que no trepida en usar su poder económico en la vida política,
Muchas de las candidaturas a las próximas elecciones se han decidido en la derecha y la Concertación por el tamaño de la caja electoral del candidato. Cabe recordar la insólita presión de un alto dirigente del PPD en nombre de uno de los poderosos grupos económicos para que una periodista no denunciara la intervención de su protegido en el saqueo al Estado ocurrido durante el proceso privatizador. Y tampoco es transparente que el Parlamento o alguna de sus comisiones asuman la defensa de un empresario acusado de delitos en Estados Unidos.
A esto cabe agregar que en poco tiempo más se desatará la campaña para las elecciones parlamentarias. La oposición se ha negado sistemáticamente a las dos medidas que permiten controlar el gasto desmedido de algunos y proveer alguna equidad al sistema, como son el límite del gasto y el financiamiento público de partidos y campañas, lo que a su vez permite hacer efectivo el control del gasto. Por último, recordemos que la concentración de medios de comunicación y la falta de pluralismo en la mayoría de ellos permite, por la vía comunicacional, agravar esta indebida intromisión de la economía en la política.
La situación actual en esta materia es mucho más grave que en la época pre-dictatorial, en la medida que se han debilitado las lealtades ideológicas y partidarias. Más allá de la crítica que pueda hacerse a la politización de épocas pasadas, tal politización e ideologización es siempre preferible al exceso del peso económico en la vida política, lo que significa, desgraciadamente, la legitimación de una corrupción generalizada, pero legal. Con las ideologías y el partidismo no se compran decisiones ni representantes, con el dinero sí.
Hay dos maneras de enfrentar este problema. La primera vía es el desarrollo de una nueva cultura política, en que los partidos, los políticos y el mundo empresarial y comunicacional se pongan límites respecto de los contactos e interferencias indebidas y vayan generando hábitos y conductas al respecto.
Ello parece ingenuo e inviable sin una segunda vía de carácter institucional, normativa y legal, que consiste en limitar por ley los gastos de campaña y financiarlos públicamente para asegurar su control y transparencia, poniendo límites al aporte privado. También cabe pensar en normas que separen el poder económico de la actividad política y que regulen las formas de acceso e influencia del poder económico ante los poderes públicos y los representantes de los ciudadanos.
Cabe hablar aquí de un Código de Ética para los privados en política y también para los políticos mismos. No se ve por qué sólo se legisla sobre la probidad del sector público y no la del sector privado en sus relaciones con la política o se crean instituciones de defensa de los ciudadanos ante el Estado y no ante la indebida influencia del dinero y de quienes lo controlan en la vida pública: la verdad es que éste es el poder que amenaza más gravemente que el Estado la sanidad de la vida ciudadana y la correspondencia entre decisiones políticas y expresión de la soberanía popular y de sus mayorías.