LAS TRANSICIONES DEMOCRÁTICAS.

Por Max Larrain

El problema estratégico de una transición estriba en conseguir la democracia sin morir a manos de quienes detentan las armas ni de hambre por obra de quienes controlan los recursos productivos (Adam Przeworski)

1. Exordio.
La transición democrática ha sido definida de formas diversas. La abundante literatura que ha tratado este tema, al parecer, no ha podido generar un lenguaje común que permita distinguir de manera más o menos clara las diferencias entre vocablos ampliamente utilizados. Más bien estos conceptos politológicos están vagamente delineados y son difíciles de establecer con precisión. De esta manera se justifica este marco teórico, en el cual intentaremos fijar un juego de conceptos claves que nos permita analizar las visiones de los autores seleccionados.

Del mismo modo lo haremos también con el concepto de democracia, ya que presenta algunos problemas epistemológicos al momento de su definición y precisión. Este aspecto de entendimiento de la democracia alcanza a su vez particular relevancia al momento de determinar los límites temporales de la transición. Obviamente, si no nos ponemos de acuerdo en aclarar lo que entendemos por democracia, tampoco estaremos de acuerdo en definir los límites de la transición hacia ella.

Mientras en el análisis de los términos asociados a la transición, tales como consolidación, liberalización, democratización y socialización, nos apoyaremos en destacados investigadores como Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter, Adam Przeworski y Manuel Antonio Garretón, en el estudio del concepto de democracia utilizaremos las definiciones de autores consagrados como Robert Dahl, Giovanni Sartori, Samuel Huntington y Joseph Schumpeter.


1.1 Definición de algunos conceptos.

1.1.1 Transición.
Para los autores O'Donnell y Schmitter "transición es el intervalo que se extiende entre un régimen político y otro". Más adelante especifican que "las transiciones están delimitadas, de un lado, por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario, y del otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia, el retorno a algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento de una alternativa revolucionaria".
Durante este período, las reglas del juego político no están definidas. La señal típica, según O'Donnell y Schmitter, de que se ha iniciado una transición es que los gobernantes autoritarios, por cualquier motivo, comienzan a modificar sus propias reglas con vistas a ofrecer mayores garantías para los derechos de los individuos y los grupos. Los actores no solo defienden sus intereses inmediatos, sino que también luchan por definir las reglas y procedimientos que les serán más favorables en el régimen futuro.

Manuel Antonio Garretón distingue al menos tres significados de la idea de transición, cada uno correspondiente a tres modelos o conceptos de democracia que se desarrollan en los regímenes militares.
Un primer modelo, que Garretón denomina de nueva democracia, donde se excluyen las alternativas de cambio real y los sectores que las representan. Consecuente con ello, se constituye una arena política restringida, aun cuando se reconoce la soberanía popular expresada en el voto universal. Sin embargo, se mantiene una válvula de seguridad : el poder del veto militar.
Un segundo modelo o concepto, de democracia burguesa o liberal , definida como un conjunto de instituciones jurídicas y políticas propias del sistema liberal representativo, donde se consagran las libertades individuales de todo tipo, los derechos humanos básicos, la competencia y el pluralismo políticos, las fórmulas electorales, la división de poderes, etc. Se trataría de una forma de democracia que permite en su interior la competencia por proyectos alternativos.
Un tercer modelo de democracia sería el de la democracia real o sustantiva, por contraste con la democracia burguesa considerada como formal e insustantiva por sectores de izquierda, una democracia que cumpla con los requisitos de la democracia liberal, pero que además amplie el campo del cuerpo social, en especial para los sectores populares, como sujeto político y donde democracia política y transformación social aparezcan indisolublemente ligadas.

En los sectores dominantes, partidarios de la nueva democracia, transición significa institucionalización de la pauta autoritaria y excluyente, como proyecto máximo, o defensa de las conquistas capitalistas bajo el régimen, como proyecto mínimo, en los momentos de crisis y descomposición del gobierno militar.
Para los que adhieren a la concepción más clásica, de democracia liberal, la transición implica término del régimen militar y consolidación de las instituciones jurídicas y políticas de la democracia representativa.
Desde la perspectiva de izquierda, que propugna una democracia real o sustantiva, la transición debe contener los mismos requisitos exigidos para la segunda versión pero, además, debe incluir la presencia activa de la demanda popular por transformación social."

Por su parte, Adam Przeworski considera a la transición como el período entre el momento en que un régimen autoritario se desmorona y la instauración de la democracia pasa a formar parte de las perspectivas políticas. Dados los objetivos y recursos de las fuerzas políticas concretas y la estructura de los conflictos con que se enfrentan, pueden distinguirse cinco resultados concebibles :
(1) La estructura de los conflictos es tal que ningún tipo de instituciones democráticas puede perdurar y las fuerzas políticas acaban luchando por una nueva dictadura.
(2) La estructura de los conflictos es tal que ningún tipo de instituciones democráticas puede perdurar, pero las fuerzas políticas acuerdan adoptar la democracia como solución transitoria.
(3) La estructura de los conflictos es tal que algunas instituciones democráticas podrían ser duraderas en caso de adoptarse, pero las fuerzas políticas en conflicto luchan para establecer una dictadura.
(4) La estructura de los conflictos es tal que algunas instituciones democráticas podrían ser duraderas en caso de adoptarse, pero las fuerzas políticas en conflicto acuerdan establecer un marco institucional que no puede durar.
(5) Finalmente, en el caso más deseable, la estructura de los conflictos es tal que algunas instituciones democráticas pueden ser duraderas si se adoptan y así se hace.

Las definiciones que los autores mencionados han establecido son el resultado de profundos y exhaustivos estudios comparados, tanto en el ámbito latinoamericano como en Europa del Sur y Europa del Este, como asimismo transiciones desde regímenes autoritarios en el cercano Oriente y en el Sudeste asiático.
No obstante lo anterior, la aplicación a estudios de casos específicos no es tan simple. Las particularidades de la transición chilena, en la que se verifica una entrega de poder negociada entre el gobernante y la oposición no maximalista o sector moderado, con un plebiscito programado por el propio régimen dominante y bajo normas constitucionales establecidas por este mismo régimen, dificulta su definición y precisión.

Si nos atenemos a la definición dada por O'Donnell y Schmitter, la transición chilena se extendería desde el plebiscito de octubre de 1988, hasta la asunción del Presidente Patricio Aylwin al gobierno de la República. En el interregno se llevaron a cabo las negociaciones para establecer reformas a la Constitución de 1980 y el pacto en el que se plasmaría el modelo político a adoptar y las exigencias del gobernante saliente en orden a preservar las cuotas de poder que consideró necesarias.

Para Przeworski, sin embargo, este fue un proceso de emancipación gradual, con secuelas institucionales. La transición chilena podría ubicarse entre la cuarta y quinta de las situaciones de transición señaladas por el autor y que se enumeran más arriba en el sentido de que, por una parte el producto de las negociaciones fue una forma de democracia con garantías y por la otra, algunas de las instituciones democráticas acordadas eran susceptibles de ser reformadas.

La aproximación de Manuel Antonio Garretón aparentemente es más aplicable a la situación chilena. En ella el concepto de transición adquiere diversos significados, dependiendo del sector político en cuestión y su específica idea de democracia. De esta manera habrá un sector, identificado con el régimen autoritario y su proyecto fundacional, que considera que la transición ya fue completada al momento de instaurarse el régimen democrático bajo la plena vigencia de la Constitución de 1980. Para este sector no existirían reformas pendientes más allá de las que se negociaron en 1989. Para ellos la pregunta sería : ¿Transición a qué? y ¿Para qué?
Un segundo conglomerado político, compuesto por la oposición no maximalista (el sector moderado, para utilizar el lenguaje de Przeworski) organizado como una concertación de partidos, estimaría que la transición se daría por completada una vez que se deroguen algunas de las instituciones jurídicas y políticas que se consideran obstáculo para el desarrollo de la democracia representativa, aspecto que habría sido parte del compromiso con el sector reformador durante las negociaciones de 1989.

Finalmente, se presenta una definición de transición con la que se identifica un sector político de izquierda, el sector radical durante el gobierno autoritario, para quienes la transición seguirá vigente en tanto no se realicen las reformas constitucionales necesarias, no solo para el desarrollo de la democracia representativa, sino para dar cabida a la demanda popular por transformación social.

1.1.2 Liberalización
O'Donnell y Schmitter entienden por liberalización al proceso que vuelve efectivos ciertos derechos que protegen a los individuos y grupos sociales ante los actos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado o por terceros. Estos derechos incluyen elementos clásicos de la tradición liberal : el hábeas corpus, la inviolabilidad de la correspondencia y de la vida privada en el hogar, el derecho de defenderse según el debido proceso y de acuerdo con las leyes preestablecidas, la libertad de palabra, de movimiento y de petición ante las autoridades, etc. En el plano de los grupos, abarcan la libertad para expresar colectivamente su discrepancia respecto de la política oficial sin sufrir castigo por ello, la falta de censura en los medios de comunicación y la libertad para asociarse voluntariamente con otros ciudadanos.
No parece haber una secuencia lógica o necesaria para el surgimiento de estos "espacios" para la acción liberalizada, si bien, por lo general, la recuperación de ciertos derechos individuales precede al otorgamiento de garantías colectivas. Tampoco son irreversibles los avances en estos dominios. Por el contrario, una característica de esta primera etapa de la transición es que depende en forma precaria de las facultades del gobierno autoritario, que siguen siendo arbitrarias y caprichosas.

Adam Przeworski plantea que está en la esencia de una dictadura el no permitir que las fuerzas políticas se organicen autónomamente ya que la amenaza para los regímenes autoritarios no procede del desmoronamiento de su legitimidad, sino de la organización de una contrahegemonía, de que existan proyectos colectivos para un futuro alternativo. ¿Cómo se explica, entonces, que en un momento dado un grupo integrado en el establishment del poder autoritario decida tolerar una organización autónoma en el seno de la sociedad civil?, se pregunta el autor. El General Pinochet permitió la reaparición de los partidos políticos -agrega.
Estos episodios revelan fisuras en el bloque de poder autoritario e indican a la sociedad civil que al menos algunas formas de organización autónoma no serán reprimidas. Actos que marcan el inicio de la liberalización.
Grupos considerados liberalizadores entran en contradicción con grupos inmovilistas, ambos pertenecientes al régimen. La liberalización es resultado de una interacción entre la aparición de fisuras en el régimen autoritario y la organización autónoma de la sociedad civil. La movilización popular indica a los liberalizadores potenciales la posibilidad de una alianza que podría modificar en su favor la relación de fuerzas en el seno del bloque en el poder; las fisuras visibles en el poder indican a la sociedad civil que puede haberse abierto un espacio político para su organización autónoma. Por consiguiente, la movilización popular y las fisuras en el régimen se alimentan mutuamente. La movilización popular marca el ritmo de la transformación, puesto que obliga al régimen a optar entre la represión, la integración o la transferencia de poder.

Al igual que con el concepto de transición, nos encontramos con la dificultad para aplicar a la realidad de cada caso en particular las hipótesis planteadas por los investigadores.
¿Cuándo comienza el proceso de liberalización en el caso chileno?
Podría rescatarse de la tesis de Przeworski lo que el autor señala acerca de la interacción entre la aparición de fisuras en el apoyo al régimen y la organización autónoma de la sociedad civil. El inicio de las protestas, en mayo de 1983, tuvo como resultado la cristalización de la Alianza Democrática, una coalición que reunía a seis grupos : en la derecha, al Partido Republicano; en el centro a los partidos Radical, Socialdemócrata y Demócrata Cristiano; y, en la izquierda, al Partido Socialista y la Unión Socialista Popular.
Aunque la movilización popular, aparentemente, no tuvo su contrapartida en una fisura del régimen, por lo menos inclinaron al régimen a una intención de negociación política, al nombrarse a un político de viejo cuño como Ministro del Interior, Onofre Jarpa. Se puede señalar este hecho como el inicio de una apertura, aunque, al poco tiempo, una vez recuperado del momento de debilidad, Pinochet volvió a la intransigencia. Acto que confirma la reversibilidad del proceso de liberalización.
Otro aspecto, en el que la hipótesis de Przeworski puede ser útil a nuestro análisis, es en la identificación de los actores políticos que se forman tanto en el lado del régimen como en la oposición, nos referimos a los duros o intransigentes y a los blandos o reformadores, por un lado y a los moderados y los radicales, por el otro.

1.1.3 Democratización.
La democratización está referida a aquellos procesos en que las normas y procedimientos de la ciudadanía son, o bien aplicados a instituciones políticas antes regidas por otros principios (por ejemplo, el control coactivo, la tradición social, el juicio de los especialistas o las prácticas administrativas), o bien ampliadas de modo de incluir a individuos que antes no gozaban de tales derechos y obligaciones (por ejemplo, las personas que no pagan impuestos, los analfabetos, las mujeres, los jóvenes, las minorías étnicas y los residentes extranjeros) o para abarcar problemas e instituciones que antes no participaban de la vida ciudadana (por ejemplo, organismos del Estado o militares, organizaciones partidarias, asociaciones de intereses particulares, empresas productivas, entidades educativas, etc.). En opinión de O'Donnell y Schmitter "no hay un conjunto único de instituciones o normas específicas que por sí mismo defina a la democracia". Los procesos de democratización no parecen seguir una secuencia lógica, como tampoco se trata de evoluciones irreversibles.

1.1.4 Interacción entre liberalización y democratización.
La liberalización y la democratización no son sinónimos, aunque ha habido entre ambas una estrecha relación. Gobiernos autoritarios han optado por liberalizar el régimen, con el propósito de abrir ciertos espacios que alivien presiones internas o externas al mismo tiempo que les permiten ganar apoyos o simplemente obtener información, todo esto sin alterar la estructura de autoridad, es decir, sin establecer un sistema de elecciones libres y competitivas ni formas de responsabilidad ante la ciudadanía. Es lo que los autores citados llaman "autoritarismo liberalizado" o "dictablanda".
En un sentido inverso, una vez iniciada la democratización y ante el temor de una expansión excesiva de este proceso, los elementos moderados de apoyo pueden mantener las cuestiones polémicas alejadas de la deliberación colectiva o bien pueden auspiciar la aplicación de antiguas restricciones a la libertad de individuos y grupos considerados "inmaduros" para el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, se establece así una "democracia limitada" o "democradura".

En la creación de la democracia política, O'Donnell y Schmitter distinguen dos dimensiones importantes. Una de ellas está referida a las condiciones que restringen la competencia partidaria y las opciones electorales -por ejemplo, la proscripción de ciertos partidos políticos o corrientes ideológicas, la fijación prohibitiva de altos umbrales para su formación, la restricción de las candidaturas admisibles, la manipulación fraudulenta de las jurisdicciones electorales (gerrymandering) y la representación exagerada de ciertos distritos e intereses, y/o la limitación de los medios financieros que se otorgan a los partidos.
La otra dimensión tiene que ver con la creación eventual de una "segunda franja" de mecanismos de consulta y decisión, más o menos explícitamente destinados a eludir la responsabilidad frente a los representantes elegidos por el pueblo, colocando fuera de su alcance algunas cuestiones, por ejemplo, creando organismos paraestatales autónomos, asambleas corporativas y/o acuerdos consociativos.

A medida que avanza la liberalización, también se intensifican las demandas de democratización. Una de las principales incertidumbres de la transición es si estas demandas serán lo bastante fuertes como para generar dicho cambio, pero no tanto (o no tan prematuras, en lo que respecta al campo de fuerzas existente en un momento cualquiera de la transición) como para provocar una regresión autoritaria.
Se puede conceptualizar la transición en general como un proceso de interacción entre la liberalización y la democratización, cada uno con sus propias vacilaciones y reversiones, y con motivaciones y bases políticas superpuestas. Las investigaciones mostraron que, en algunos procesos, la liberalización se verificó con buena antelación a la democratización, mientras en otros casos se dieron casi simultáneamente.

Si la liberalización es el inicio del proceso de transición, se puede localizar este punto de partida en el momento en que los gobernantes autoritarios, o más frecuentemente una fracción de ellos, anuncian su propósito de ampliar significativamente los derechos individuales y colectivos y estas promesas resultan creíbles para la población. El propósito liberalizador debe ser lo suficientemente creíble como para provocar un cambio en la estrategia de los demás actores.
Lo anterior permite excluir de la problemática de la transición aquellas medidas adoptadas por los gobernantes autoritarios ya sea para ratificar al régimen o para transformar sólo algunas de sus características, por más que adopten la forma de una "consulta popular". Un ejemplo es el plebiscito propuesto por Pinochet en Chile en 1980.
En algunos casos se presentan transiciones abortadas, en las cuales la pretendida intención de proteger ciertos derechos es, o bien negada por sus propios propugnadores, o bien anulada por otras facciones rivales dentro del régimen.
La democracia política tiene mayores perspectivas cuando se alcanza sin una movilización violenta y sin una discontinuidad espectacular. Aunque virtualmente siempre está presente la amenaza de violencia y hay frecuentes protestas, huelgas y manifestaciones, una vez que se adopta la "via revolucionaria" o que se difunde y se vuelve recurrente la violencia, las perspectivas favorables a la democracia política se reducen de manera drástica.

Schmitter denomina "transferencia de poder" cuando los gobernantes trasladan el control del Estado a alguna facción de sus partidarios y "entrega del poder", cuando los gobernantes negocian la transición con algunos opositores no maximalistas.

 


1.1.5 Socialización.
El advenimiento de la democracia política, sin embargo, no significa el término de las luchas en torno a las formas y fines de la democracia.
Adam Przeworski afirma que el establecimiento de la democracia es un proceso de institucionalización de la incertidumbre, un proceso en el que todos los intereses son sometidos a ella. Esta incertidumbre -agregan O'Donnell y Schmitter- también abarca a las aplicaciones que se dará a la democracia. De esta manera, la transición hacia una democracia política marca la posibilidad -aunque de ningún modo la inevitabilidad- de una segunda transición, ya que el principio de tratamiento equitativo de los ciudadanos en las cuestiones que afectan a las opciones colectivas no conoce límites intrínsecos, salvo aquellos fijados en un momento dado por la tradición, los saberes heredados, los convenios explícitos o la existencia de un poder contrarrestante. Es así como existe la posibilidad que de la democracia no sólo se demande una igualdad formal de oportunidades, sino también una igualdad sustantiva en los beneficios. Esta segunda transición es la que los autores O'Donnell y Schmitter denominan socialización. Término que corre el riesgo de ser confundido con otro de uso sociológico.
La segunda transición involucra dos procesos independientes pero interrelacionados : la democracia social, que consiste en convertir en ciudadanos, es decir, en actores dotados de iguales derechos y obligaciones para decidir qué acciones deben emprender las correspondientes instituciones, a todos y cada uno de los miembros del colectivo social y la democracia económica, referida al suministro de iguales beneficios a la población a partir de los bienes y servicios generados por la sociedad : ingresos monetarios, bienes materiales, educación, salud, vivienda, información, tiempo de ocio, y aun autonomía, prestigio, respeto y posibilidades para la autorrealización. La presencia o logro simultáneo de ambas cosas es lo que los autores llaman "socialización".

1.1.6 Apertura de los regímenes autoritarios.
En el período de entreguerras, los gobernantes autoritarios intentaron, de alguna manera, legitimar sus gobiernos a través de la movilización fascista combinada con determinadas formas de corporativismo, fórmula que presentaron como solución de largo plazo para los problemas de orden político y como la mejor modalidad posible de gobierno para sus respectivas sociedades. Los gobernantes autoritarios del período de posguerra no han podido argumentar lo mismo; en esto reside su diferencia con los primeros y también constituye su punto débil : son regímenes que practican la dictadura y la represión en el presente al par que prometen la democracia y la libertad para el futuro. Así, pueden justificarse políticamente sólo como poderes de transición, mientras tratan de desviar la atención hacia sus realizaciones sustantivas inmediatas, que en el caso típico comprenden el logro de la "paz social" o del desarrollo económico.

 

1.2 Sobre el concepto actual de democracia.

1.2.1 Giovanni Sartori.
Para G. Sartori, la "democracia" es una abreviación que significa Liberal-democracia. Sartori distingue tres aspectos:
(1) La democracia como principio de legitimidad.
(2) La democracia como sistema político.
(3) La democracia como ideal.

La democracia como principio de legitimidad postula que el poder deriva del "demos", el pueblo, y se basa en el consenso verificado, no presunto, de los ciudadanos. La democracia no acepta autoinvestiduras, ni tampoco que el poder derive de la fuerza. En las democracias el poder está legitimado, además de condicionado y revocado, por elecciones libres y recurrentes. Hasta aquí está claro que la titularidad del poder la tiene el pueblo. Pero el problema del poder no es sólo de titularidad, es sobre todo de ejercicio.

La democracia como sistema político tiene relación con la titularidad del poder y el ejercicio del poder. Para colectividades pequeñas, como fue el caso de las asambleas en la ciudad-estado de la Grecia antigua, o los cabildos abiertos de nuestra organización colonial, fue posible la interacción cara a cara de los ciudadanos, y en estos casos, la titularidad y el ejercicio del poder permanecían unidos, una forma de autogobierno. Pero cuando el pueblo se compone de decenas o centenas de millones, dicha práctica es imposible y entonces se hace necesario separar la titularidad del ejercicio, nace así la democracia representativa.
Señala Sartori, que el hecho de que se añadan algunas instituciones de democracia directa, como el referéndum o plebiscito, no obsta para que nuestras democracias sean indirectas, gobernadas por representantes. El poder se transmite por medio de mecanismos representativos.

La democracia como un ideal. La democracia como es en la realidad, no es la democracia como debería ser. La democracia es ante todo y por encima de todo, un ideal. El elemento ideal o normativo es constitutivo de la democracia y provee una tensión ideal, sin la cual, una democracia no nace o bien se distiende rápidamente. El elemento dinámico es esta diferencia entre la democracia ideal y la democracia real, que hace a esta última perfectible. Cuanto más se democratiza una democracia, tanto más se eleva la apuesta.

1.2.2 Samuel P. Huntington.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, el apoyo universal a la democracia se consolida. Sin embargo, esto tuvo lugar al precio de un desacuerdo, también universal, en cuanto a su significado. Todos definían a la democracia según sus propios intereses. De esta manera proliferaron las democracias con apellido: democracia directa, democracia representativa, democracia liberal o burguesa, democracia proletaria, socialdemocracia, democracia autoritaria, etc.
Todo esto creó problemas importantes para los pensadores. En los años 50 y 60, los politólogos hicieron esfuerzos notables para reducir la confusión terminológica y conceptual. Fue así como cristalizaron tres enfoques acerca de la definición de democracia:
(1) De acuerdo a las fuentes de autoridad.
(2) De acuerdo a los fines o propósitos del gobierno.
(3) De acuerdo a los medios o instituciones.

De acuerdo a las fuentes de autoridad, la connotación más recurrida es la democracia como gobierno del pueblo. Algunos agregan en forma retórica : el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero para Huntington esta definición carece de sentido desde un punto de vista empírico y analítico. El órgano gobernante en una democracia no siempre es definido en una forma tan amplia. Jefferson identificaba la democracia con el gobierno de la clase media. Otros, como el gobierno de los trabajadores. Bryce señalaba que la democracia existe cuando gobierna "la mayoría de los ciudadanos calificados".
La premisa implícita en la definición de democracia como gobierno de la mayoría, es que, mediante la persuasión y la movilización de apoyo, las minorías pueden llegar a ser mayoría. De no ocurrir así, si se impide de forma permanente el acceso de una parte de la sociedad al gobierno, se viola el concepto mismo de democracia.

Una segunda manera de definir un gobierno democrático es en términos de los propósitos u objetivos que éste cumple. Pero ¿cómo definir estos objetivos?
¿Serán el bienestar humano, la igualdad, la justicia, los derechos humanos, la realización del individuo, la libertad, el bien común, etc., etc.? Existen muchos problemas con la definición de democracia en términos de fines.
Cada autor presenta su propia serie de propósitos. Los objetivos que se presentan suelen ser generalmente de carácter idealista. Prácticamente todos los líderes políticos aseguran perseguir fines democráticos, en este caso todos los estados serían democráticos.
Por lo visto, también este enfoque nos presenta dificultades desde el punto de vista analítico y empírico.

La dificultad de definir a la democracia en términos de fuentes de autoridad o de propósitos de gobierno, ha llevado en las últimas décadas a enfatizar una definición institucional de democracia. La democracia tiene un significado útil sólo si se le define en términos institucionales. La institución clave en una democracia es la elección de los líderes por medio de elecciones competitivas. La formulación moderna más importante la hizo Joseph Schumpeter en 1942, como veremos.

Durante algún tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, el debate continuó entre los teóricos que adherían a la definición clásica de democracia, por la fuente o por el propósito, y aquéllos que se inclinaban por el concepto institucional schumpeteriano. Hoy el debate ha concluido y ha predominado la tesis de Schumpeter. Este enfoque institucional posibilita distinguir la democracia de otros sistemas contemporáneos, a saber, el sistema totalitario y el sistema autoritario.
Las dimensiones claves por las que se pueden comparar con la democracia son tres:
(1) La forma en que se eligen los líderes a través de elecciones competitivas u otros medios.
(2) El alcance y la naturaleza de la participación de la ciudadanía en el gobierno.
(3) El alcance y la naturaleza del control de la sociedad, en especial el control de la economía por parte del gobierno.

La democracia es competitiva, mientras que los sistemas autoritarios y totalitarios son no competitivos; los sistemas democráticos y totalitarios son participativos (el primero con participación autónoma y el segundo con participación movilizada), en tanto que los sistemas autoritarios son no-participativos. Los sistemas totalitarios ejercen un control amplio o total sobre la sociedad y la economía, mientras que los sistemas democráticos y autoritarios ejercen solamente un control limitado o moderado.

La definición institucional provee de un sistema referencial práctico para determinar si un sistema es democrático. Proporciona una serie de puntos de referencia, agrupados en su mayoría de acuerdo a las dimensiones de Robert Dahl de competencia y participación. Los regímenes políticos nunca encajan perfectamente en marcos académicos. En cambio la clasificación en términos de democracia institucional es tarea relativamente fácil. Negar la participación mediante el voto a cualquier grupo, no es democrático. Tal fue el caso de Sudáfrica bajo el régimen del apartheid, en que el 70% de la población negra del país no pudo ejercer este derecho, o como ocurrió en Suiza con el voto de las mujeres, hasta hace muy poco tiempo atrás; y en los Estados Unidos, cuando se negó la participación electoral al 10% de la población afroamericana del sur.

Los golpes militares, la censura, las elecciones fraudulentas, la coerción y el acosamiento de la oposición, la restricción de reunión o movimiento, son políticas incompatibles con la democracia.
El concepto institucional de democracia ha sido ampliamente aceptado en los Estados Unidos y ahora también en Latinoamérica.
Ya no se cuestiona a la democracia política, ceñida al modelo constitucional liberal como una democracia puramente formal, si es que ésta da garantías a los derechos individuales, al derecho de reunión y a las elecciones libres.


1.2.3 Joseph A. Schumpeter.
(1) La democracia como método.
Un aspecto central de la formulación de Schumpeter es concebir la democracia como un método, como un modo de proceder, cuya ausencia o existencia es, por consecuencia, fácil de comprobar en la mayoría de los casos. Esta opción le permitió resolver ambigüedades y dificultades implícitas en la teoría clásica que definía la democracia como " la voluntad del pueblo", o "la voluntad general" o "el bien común", máximas, que a juicio de Schumpeter, muchas veces eran mejor servidos por gobiernos que nada tenían de democráticos.
La definición schumpeteriana es de carácter empírica, más sujeta a los hechos e instituciones que permiten su funcionamiento que a una concepción más abstracta o de componentes ideales. En segundo lugar, la definición pretende ser exhaustiva y satisfactoria, a saber, el problema está en garantizar un método para conseguir decisiones formalmente por medios democráticos, no permitiendo hacer excepciones a este principio.

Para Schumpeter la democracia se define de la siguiente manera: "el método democrático es aquel sistema institucional, para llegar a decisiones políticas, en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo".
En efecto, esta definición pone su acento, en primer lugar, en el carácter central de la competencia, en segundo lugar, en los elementos esenciales que debe existir en un régimen democrático: la existencia de una oposición, la existencia de minorías y el papel clave del voto popular.

(2) Los supuestos.
Ahora bien, esta definición tiene un conjunto de supuestos que abordaremos, particularmente aquellos que tienen una vinculación para el tratamiento de su relación con el capitalismo y el mercado.
El primero de estos es el reconocimiento de la libertad y competencia por el caudillaje político, y en segundo lugar, la de la organización de las voliciones - la expresión de la voluntad - como elementos claves para la competencia electoral. Al respecto, es en la competencia por el caudillaje donde Schumpeter establece una relación con las dificultades similares que se dan en el ámbito de lo económico, propio de las sociedades que organizan su economía en base al funcionamiento del mercado.
Esta dificultad reside en que, tanto en la competencia económica como en la competencia política, esto es, la competencia por el voto, se dé dicha competencia en forma perfecta, vale decir, no excluye fenómenos análogos como lo son la competencia "desleal" , "fraudulenta" o, en definitiva, la restricción de la competencia. No existe la competencia perfecta ni, por ende, la democracia perfecta.
Pese a ello para Schumpeter el sistema económico capitalista posibilita más que ningún otro el desarrollo de la democracia por tratarse de sociedades abiertas donde la libertad individual, otro de los presupuestos básicos establecidos por Schumpeter para entrar en la competencia electoral, es también condición básica para el sistema económico, aunque, como él señala, el método democrático no garantiza mayor libertad individual.
Otro tanto ocurre con el presupuesto que señala la función de la democracia como un régimen que no sólo tiene la facultad de crear un gobierno, sino que también de disolverlo y fiscalizarlo mediante la decisión del electorado de reelegir a sus representantes, lo cual implica que la voluntad mayoritaria no es la voluntad del pueblo en su totalidad, sino de la mayoría proporcional, de acuerdo a los procedimientos institucionalizados establecidos.


1.2.4 Robert A. Dahl.
Para Dahl, el gobierno democrático se caracteriza fundamentalmente por su continua aptitud para responder a las preferencias de sus ciudadanos, sin establecer diferencias políticas entre ellos. Para que esto tenga lugar es necesario que todos los ciudadanos tengan igual oportunidad para:
(1) Formular sus preferencias.
(2) Manifestar públicamente dichas preferencias entre sus partidarios y ante el gobierno, individual y colectivamente.
(3) Recibir por parte del gobierno igualdad de trato : es decir, éste no debe hacer discriminación alguna por causa del contenido o el origen de tales preferencias.
Estas tres condiciones básicas deben ir acompañadas por ocho garantías :

(a) Libertad de asociación.(b) Libertad de expresión.(c) Libertad de voto.(d) Elegibilidad para el servicio público.(e) Derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo.Derecho de los líderes políticos a luchar por los votos.(f) Diversidad de las fuentes de información.(g) Elecciones libres e imparciales.(h) Instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos y demás formas de expresar las preferencias.

Aparentemente estas ocho características institucionales darían una escala teórica adecuada para comparar a los distintos regímenes políticos, sin embargo , sabemos que tanto en el pasado como en el presente los regímenes divergen grandemente en la amplitud, aplicación y garantías que otorgan al ejercicio de tales oportunidades institucionales.

Para poder medir con mayor precisión el grado de democratización de un sistema político, Dahl recurre a dos dimensiones teóricas, las que, sin agotar el concepto de democracia como ideal, entregan una herramienta muy adecuada para el propósito comparativo.

Una dimensión refleja la amplitud con que el régimen facilita la oposición, o el debate público, en otras palabras la liberalización. La otra dimensión es el número de personas que están facultadas para participar, mediante adecuados mecanismos de representación en un plano de mayor o menor igualdad, en el control y discusión de la política del gobierno.

Estas dos dimensiones : el debate público y la capacidad de representación varían independientemente una de la otra. Es así como en el siglo pasado en Chile se desarrolló un alto grado de controversia pública, pero sólo un sector muy reducido de la población participaba en ella. Dahl cita el caso de Suiza (en la época en que escribió su obra) que teniendo uno de los sistemas de debate más desarrollados del mundo, por lo que pocas personas dudaban de calificar a su régimen como altamente "democrático", sin embargo, todavía estaban las mujeres, la mitad de la población, excluidas del derecho a voto. Por otro lado en la ex-URSS, que no tenía prácticamente ningún sistema de debate público independiente, el sufragio era universal. El autor grafica sobre ejes cartesianos las mencionadas dimensiones, como se muestra en la figura siguiente:

Si un régimen de hegemonía cerrada se desvía hacia arriba, a lo largo de las ordenadas, tiende a abrirse más al debate público. Un cambio en esta dirección produce una liberalización del régimen, se hace más competitivo. Un régimen que se mueve a lo largo de las abcisas, concede mayor participación, se hace más representativo.
Cualquier movimiento hacia la derecha y hacia arriba, representa un grado de democratización. Como se trata de variables independientes, cualquier régimen puede cambiar en una dirección y no necesariamente en la otra. En este esquema la "Democracia" se situaría en el vértice superior derecho. No obstante, la democracia comprende más dimensiones que las que se expresan en la figura, y no existe en la realidad ningún régimen totalmente democratizado, por lo que Dahl ha preferido llamar poliarquías a los sistemas actuales más próximos al vértice superior derecho.
"Así, pues, cabría considerar las poliarquías como regímenes relativamente (pero no completamente ) democráticos; o, dicho de otra forma, las poliarquías son sistemas substancialmente liberalizados y popularizados, es decir, muy representativos a la vez que francamente abiertos al debate público".
En su artículo "Justificación de la Democracia" , Dahl se pregunta "¿Con qué criterio podemos estimar el valor de la democracia, ya sea como un ideal o como una realidad?". La respuesta se encuentra en un supuesto de carácter fundamental como es lo que él llama la igualdad en el valor intrínseco. Esta idea advierte que ninguna persona es intrínsecamente superior a otra y que los intereses de cada ser humano tienen derecho a igual consideración. "Todos cuentan por uno, nadie por más de uno", declaraba Bentham.

Para respaldar y dar solidez a lo que Dahl llama el Principio Fuerte de la Igualdad, une el primer supuesto de valor intrínseco con un segundo supuesto, que ha sido la piedra angular de la creencia democrática : ninguna persona está mejor capacitada que uno mismo para juzgar su propio bien o intereses, o para actuar para lograrlos.