El problema estratégico de una transición estriba en conseguir la democracia sin morir a manos de quienes detentan las armas ni de hambre por obra de quienes controlan los recursos productivos (Adam Przeworski)
1. Exordio.
La transición democrática ha sido definida de formas diversas.
La abundante literatura que ha tratado este tema, al parecer, no ha podido
generar un lenguaje común que permita distinguir de manera más
o menos clara las diferencias entre vocablos ampliamente utilizados. Más
bien estos conceptos politológicos están vagamente delineados
y son difíciles de establecer con precisión. De esta manera
se justifica este marco teórico, en el cual intentaremos fijar un juego
de conceptos claves que nos permita analizar las visiones de los autores seleccionados.
Del mismo modo lo haremos también
con el concepto de democracia, ya que presenta algunos problemas epistemológicos
al momento de su definición y precisión. Este aspecto de entendimiento
de la democracia alcanza a su vez particular relevancia al momento de determinar
los límites temporales de la transición. Obviamente, si no nos
ponemos de acuerdo en aclarar lo que entendemos por democracia, tampoco estaremos
de acuerdo en definir los límites de la transición hacia ella.
Mientras en el análisis de los términos asociados a la transición,
tales como consolidación, liberalización, democratización
y socialización, nos apoyaremos en destacados investigadores como Guillermo
O'Donnell, Philippe Schmitter, Adam Przeworski y Manuel Antonio Garretón,
en el estudio del concepto de democracia utilizaremos las definiciones de
autores consagrados como Robert Dahl, Giovanni Sartori, Samuel Huntington
y Joseph Schumpeter.
1.1 Definición de algunos conceptos.
1.1.1 Transición.
Para los autores O'Donnell y Schmitter "transición es el intervalo
que se extiende entre un régimen político y otro". Más
adelante especifican que "las transiciones están delimitadas,
de un lado, por el inicio del proceso de disolución del régimen
autoritario, y del otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia,
el retorno a algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento
de una alternativa revolucionaria".
Durante este período, las reglas del juego político no están
definidas. La señal típica, según O'Donnell y Schmitter,
de que se ha iniciado una transición es que los gobernantes autoritarios,
por cualquier motivo, comienzan a modificar sus propias reglas con vistas
a ofrecer mayores garantías para los derechos de los individuos y los
grupos. Los actores no solo defienden sus intereses inmediatos, sino que también
luchan por definir las reglas y procedimientos que les serán más
favorables en el régimen futuro.
Manuel Antonio Garretón
distingue al menos tres significados de la idea de transición, cada
uno correspondiente a tres modelos o conceptos de democracia que se desarrollan
en los regímenes militares.
Un primer modelo, que Garretón denomina de nueva democracia, donde
se excluyen las alternativas de cambio real y los sectores que las representan.
Consecuente con ello, se constituye una arena política restringida,
aun cuando se reconoce la soberanía popular expresada en el voto universal.
Sin embargo, se mantiene una válvula de seguridad : el poder del veto
militar.
Un segundo modelo o concepto, de democracia burguesa o liberal , definida
como un conjunto de instituciones jurídicas y políticas propias
del sistema liberal representativo, donde se consagran las libertades individuales
de todo tipo, los derechos humanos básicos, la competencia y el pluralismo
políticos, las fórmulas electorales, la división de poderes,
etc. Se trataría de una forma de democracia que permite en su interior
la competencia por proyectos alternativos.
Un tercer modelo de democracia sería el de la democracia real o sustantiva,
por contraste con la democracia burguesa considerada como formal e insustantiva
por sectores de izquierda, una democracia que cumpla con los requisitos de
la democracia liberal, pero que además amplie el campo del cuerpo social,
en especial para los sectores populares, como sujeto político y donde
democracia política y transformación social aparezcan indisolublemente
ligadas.
En los sectores dominantes, partidarios
de la nueva democracia, transición significa institucionalización
de la pauta autoritaria y excluyente, como proyecto máximo, o defensa
de las conquistas capitalistas bajo el régimen, como proyecto mínimo,
en los momentos de crisis y descomposición del gobierno militar.
Para los que adhieren a la concepción más clásica, de
democracia liberal, la transición implica término del régimen
militar y consolidación de las instituciones jurídicas y políticas
de la democracia representativa.
Desde la perspectiva de izquierda, que propugna una democracia real o sustantiva,
la transición debe contener los mismos requisitos exigidos para la
segunda versión pero, además, debe incluir la presencia activa
de la demanda popular por transformación social."
Por su parte, Adam Przeworski
considera a la transición como el período entre el momento en
que un régimen autoritario se desmorona y la instauración de
la democracia pasa a formar parte de las perspectivas políticas. Dados
los objetivos y recursos de las fuerzas políticas concretas y la estructura
de los conflictos con que se enfrentan, pueden distinguirse cinco resultados
concebibles :
(1) La estructura de los conflictos es tal que ningún tipo de instituciones
democráticas puede perdurar y las fuerzas políticas acaban luchando
por una nueva dictadura.
(2) La estructura de los conflictos es tal que ningún tipo de instituciones
democráticas puede perdurar, pero las fuerzas políticas acuerdan
adoptar la democracia como solución transitoria.
(3) La estructura de los conflictos es tal que algunas instituciones democráticas
podrían ser duraderas en caso de adoptarse, pero las fuerzas políticas
en conflicto luchan para establecer una dictadura.
(4) La estructura de los conflictos es tal que algunas instituciones democráticas
podrían ser duraderas en caso de adoptarse, pero las fuerzas políticas
en conflicto acuerdan establecer un marco institucional que no puede durar.
(5) Finalmente, en el caso más deseable, la estructura de los conflictos
es tal que algunas instituciones democráticas pueden ser duraderas
si se adoptan y así se hace.
Las definiciones que los autores
mencionados han establecido son el resultado de profundos y exhaustivos estudios
comparados, tanto en el ámbito latinoamericano como en Europa del Sur
y Europa del Este, como asimismo transiciones desde regímenes autoritarios
en el cercano Oriente y en el Sudeste asiático.
No obstante lo anterior, la aplicación a estudios de casos específicos
no es tan simple. Las particularidades de la transición chilena, en
la que se verifica una entrega de poder negociada entre el gobernante y la
oposición no maximalista o sector moderado, con un plebiscito programado
por el propio régimen dominante y bajo normas constitucionales establecidas
por este mismo régimen, dificulta su definición y precisión.
Si nos atenemos a la definición
dada por O'Donnell y Schmitter, la transición chilena se extendería
desde el plebiscito de octubre de 1988, hasta la asunción del Presidente
Patricio Aylwin al gobierno de la República. En el interregno se llevaron
a cabo las negociaciones para establecer reformas a la Constitución
de 1980 y el pacto en el que se plasmaría el modelo político
a adoptar y las exigencias del gobernante saliente en orden a preservar las
cuotas de poder que consideró necesarias.
Para Przeworski, sin embargo, este fue un proceso de emancipación gradual,
con secuelas institucionales. La transición chilena podría ubicarse
entre la cuarta y quinta de las situaciones de transición señaladas
por el autor y que se enumeran más arriba en el sentido de que, por
una parte el producto de las negociaciones fue una forma de democracia con
garantías y por la otra, algunas de las instituciones democráticas
acordadas eran susceptibles de ser reformadas.
La aproximación de Manuel
Antonio Garretón aparentemente es más aplicable a la situación
chilena. En ella el concepto de transición adquiere diversos significados,
dependiendo del sector político en cuestión y su específica
idea de democracia. De esta manera habrá un sector, identificado con
el régimen autoritario y su proyecto fundacional, que considera que
la transición ya fue completada al momento de instaurarse el régimen
democrático bajo la plena vigencia de la Constitución de 1980.
Para este sector no existirían reformas pendientes más allá
de las que se negociaron en 1989. Para ellos la pregunta sería : ¿Transición
a qué? y ¿Para qué?
Un segundo conglomerado político, compuesto por la oposición
no maximalista (el sector moderado, para utilizar el lenguaje de Przeworski)
organizado como una concertación de partidos, estimaría que
la transición se daría por completada una vez que se deroguen
algunas de las instituciones jurídicas y políticas que se consideran
obstáculo para el desarrollo de la democracia representativa, aspecto
que habría sido parte del compromiso con el sector reformador durante
las negociaciones de 1989.
Finalmente, se presenta una definición de transición con la que se identifica un sector político de izquierda, el sector radical durante el gobierno autoritario, para quienes la transición seguirá vigente en tanto no se realicen las reformas constitucionales necesarias, no solo para el desarrollo de la democracia representativa, sino para dar cabida a la demanda popular por transformación social.
1.1.2 Liberalización
O'Donnell y Schmitter entienden por liberalización al proceso que vuelve
efectivos ciertos derechos que protegen a los individuos y grupos sociales
ante los actos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado o por terceros.
Estos derechos incluyen elementos clásicos de la tradición liberal
: el hábeas corpus, la inviolabilidad de la correspondencia y de la
vida privada en el hogar, el derecho de defenderse según el debido
proceso y de acuerdo con las leyes preestablecidas, la libertad de palabra,
de movimiento y de petición ante las autoridades, etc. En el plano
de los grupos, abarcan la libertad para expresar colectivamente su discrepancia
respecto de la política oficial sin sufrir castigo por ello, la falta
de censura en los medios de comunicación y la libertad para asociarse
voluntariamente con otros ciudadanos.
No parece haber una secuencia lógica o necesaria para el surgimiento
de estos "espacios" para la acción liberalizada, si bien,
por lo general, la recuperación de ciertos derechos individuales precede
al otorgamiento de garantías colectivas. Tampoco son irreversibles
los avances en estos dominios. Por el contrario, una característica
de esta primera etapa de la transición es que depende en forma precaria
de las facultades del gobierno autoritario, que siguen siendo arbitrarias
y caprichosas.
Adam Przeworski plantea que está
en la esencia de una dictadura el no permitir que las fuerzas políticas
se organicen autónomamente ya que la amenaza para los regímenes
autoritarios no procede del desmoronamiento de su legitimidad, sino de la
organización de una contrahegemonía, de que existan proyectos
colectivos para un futuro alternativo. ¿Cómo se explica, entonces,
que en un momento dado un grupo integrado en el establishment del poder autoritario
decida tolerar una organización autónoma en el seno de la sociedad
civil?, se pregunta el autor. El General Pinochet permitió la reaparición
de los partidos políticos -agrega.
Estos episodios revelan fisuras en el bloque de poder autoritario e indican
a la sociedad civil que al menos algunas formas de organización autónoma
no serán reprimidas. Actos que marcan el inicio de la liberalización.
Grupos considerados liberalizadores entran en contradicción con grupos
inmovilistas, ambos pertenecientes al régimen. La liberalización
es resultado de una interacción entre la aparición de fisuras
en el régimen autoritario y la organización autónoma
de la sociedad civil. La movilización popular indica a los liberalizadores
potenciales la posibilidad de una alianza que podría modificar en su
favor la relación de fuerzas en el seno del bloque en el poder; las
fisuras visibles en el poder indican a la sociedad civil que puede haberse
abierto un espacio político para su organización autónoma.
Por consiguiente, la movilización popular y las fisuras en el régimen
se alimentan mutuamente. La movilización popular marca el ritmo de
la transformación, puesto que obliga al régimen a optar entre
la represión, la integración o la transferencia de poder.
Al igual que con el concepto de
transición, nos encontramos con la dificultad para aplicar a la realidad
de cada caso en particular las hipótesis planteadas por los investigadores.
¿Cuándo comienza el proceso de liberalización en el caso
chileno?
Podría rescatarse de la tesis de Przeworski lo que el autor señala
acerca de la interacción entre la aparición de fisuras en el
apoyo al régimen y la organización autónoma de la sociedad
civil. El inicio de las protestas, en mayo de 1983, tuvo como resultado la
cristalización de la Alianza Democrática, una coalición
que reunía a seis grupos : en la derecha, al Partido Republicano; en
el centro a los partidos Radical, Socialdemócrata y Demócrata
Cristiano; y, en la izquierda, al Partido Socialista y la Unión Socialista
Popular.
Aunque la movilización popular, aparentemente, no tuvo su contrapartida
en una fisura del régimen, por lo menos inclinaron al régimen
a una intención de negociación política, al nombrarse
a un político de viejo cuño como Ministro del Interior, Onofre
Jarpa. Se puede señalar este hecho como el inicio de una apertura,
aunque, al poco tiempo, una vez recuperado del momento de debilidad, Pinochet
volvió a la intransigencia. Acto que confirma la reversibilidad del
proceso de liberalización.
Otro aspecto, en el que la hipótesis de Przeworski puede ser útil
a nuestro análisis, es en la identificación de los actores políticos
que se forman tanto en el lado del régimen como en la oposición,
nos referimos a los duros o intransigentes y a los blandos o reformadores,
por un lado y a los moderados y los radicales, por el otro.
1.1.3 Democratización.
La democratización está referida a aquellos procesos en que
las normas y procedimientos de la ciudadanía son, o bien aplicados
a instituciones políticas antes regidas por otros principios (por ejemplo,
el control coactivo, la tradición social, el juicio de los especialistas
o las prácticas administrativas), o bien ampliadas de modo de incluir
a individuos que antes no gozaban de tales derechos y obligaciones (por ejemplo,
las personas que no pagan impuestos, los analfabetos, las mujeres, los jóvenes,
las minorías étnicas y los residentes extranjeros) o para abarcar
problemas e instituciones que antes no participaban de la vida ciudadana (por
ejemplo, organismos del Estado o militares, organizaciones partidarias, asociaciones
de intereses particulares, empresas productivas, entidades educativas, etc.).
En opinión de O'Donnell y Schmitter "no hay un conjunto único
de instituciones o normas específicas que por sí mismo defina
a la democracia". Los procesos de democratización no parecen seguir
una secuencia lógica, como tampoco se trata de evoluciones irreversibles.
1.1.4 Interacción entre
liberalización y democratización.
La liberalización y la democratización no son sinónimos,
aunque ha habido entre ambas una estrecha relación. Gobiernos autoritarios
han optado por liberalizar el régimen, con el propósito de abrir
ciertos espacios que alivien presiones internas o externas al mismo tiempo
que les permiten ganar apoyos o simplemente obtener información, todo
esto sin alterar la estructura de autoridad, es decir, sin establecer un sistema
de elecciones libres y competitivas ni formas de responsabilidad ante la ciudadanía.
Es lo que los autores citados llaman "autoritarismo liberalizado"
o "dictablanda".
En un sentido inverso, una vez iniciada la democratización y ante el
temor de una expansión excesiva de este proceso, los elementos moderados
de apoyo pueden mantener las cuestiones polémicas alejadas de la deliberación
colectiva o bien pueden auspiciar la aplicación de antiguas restricciones
a la libertad de individuos y grupos considerados "inmaduros" para
el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, se establece así una
"democracia limitada" o "democradura".
En la creación de la democracia
política, O'Donnell y Schmitter distinguen dos dimensiones importantes.
Una de ellas está referida a las condiciones que restringen la competencia
partidaria y las opciones electorales -por ejemplo, la proscripción
de ciertos partidos políticos o corrientes ideológicas, la fijación
prohibitiva de altos umbrales para su formación, la restricción
de las candidaturas admisibles, la manipulación fraudulenta de las
jurisdicciones electorales (gerrymandering) y la representación exagerada
de ciertos distritos e intereses, y/o la limitación de los medios financieros
que se otorgan a los partidos.
La otra dimensión tiene que ver con la creación eventual de
una "segunda franja" de mecanismos de consulta y decisión,
más o menos explícitamente destinados a eludir la responsabilidad
frente a los representantes elegidos por el pueblo, colocando fuera de su
alcance algunas cuestiones, por ejemplo, creando organismos paraestatales
autónomos, asambleas corporativas y/o acuerdos consociativos.
A medida que avanza la liberalización, también se intensifican
las demandas de democratización. Una de las principales incertidumbres
de la transición es si estas demandas serán lo bastante fuertes
como para generar dicho cambio, pero no tanto (o no tan prematuras, en lo
que respecta al campo de fuerzas existente en un momento cualquiera de la
transición) como para provocar una regresión autoritaria.
Se puede conceptualizar la transición en general como un proceso de
interacción entre la liberalización y la democratización,
cada uno con sus propias vacilaciones y reversiones, y con motivaciones y
bases políticas superpuestas. Las investigaciones mostraron que, en
algunos procesos, la liberalización se verificó con buena antelación
a la democratización, mientras en otros casos se dieron casi simultáneamente.
Si la liberalización es el inicio del proceso de transición,
se puede localizar este punto de partida en el momento en que los gobernantes
autoritarios, o más frecuentemente una fracción de ellos, anuncian
su propósito de ampliar significativamente los derechos individuales
y colectivos y estas promesas resultan creíbles para la población.
El propósito liberalizador debe ser lo suficientemente creíble
como para provocar un cambio en la estrategia de los demás actores.
Lo anterior permite excluir de la problemática de la transición
aquellas medidas adoptadas por los gobernantes autoritarios ya sea para ratificar
al régimen o para transformar sólo algunas de sus características,
por más que adopten la forma de una "consulta popular". Un
ejemplo es el plebiscito propuesto por Pinochet en Chile en 1980.
En algunos casos se presentan transiciones abortadas, en las cuales la pretendida
intención de proteger ciertos derechos es, o bien negada por sus propios
propugnadores, o bien anulada por otras facciones rivales dentro del régimen.
La democracia política tiene mayores perspectivas cuando se alcanza
sin una movilización violenta y sin una discontinuidad espectacular.
Aunque virtualmente siempre está presente la amenaza de violencia y
hay frecuentes protestas, huelgas y manifestaciones, una vez que se adopta
la "via revolucionaria" o que se difunde y se vuelve recurrente
la violencia, las perspectivas favorables a la democracia política
se reducen de manera drástica.
Schmitter denomina "transferencia de poder" cuando los gobernantes trasladan el control del Estado a alguna facción de sus partidarios y "entrega del poder", cuando los gobernantes negocian la transición con algunos opositores no maximalistas.
1.1.5 Socialización.
El advenimiento de la democracia política, sin embargo, no significa
el término de las luchas en torno a las formas y fines de la democracia.
Adam Przeworski afirma que el establecimiento de la democracia es un proceso
de institucionalización de la incertidumbre, un proceso en el que todos
los intereses son sometidos a ella. Esta incertidumbre -agregan O'Donnell
y Schmitter- también abarca a las aplicaciones que se dará a
la democracia. De esta manera, la transición hacia una democracia política
marca la posibilidad -aunque de ningún modo la inevitabilidad- de una
segunda transición, ya que el principio de tratamiento equitativo de
los ciudadanos en las cuestiones que afectan a las opciones colectivas no
conoce límites intrínsecos, salvo aquellos fijados en un momento
dado por la tradición, los saberes heredados, los convenios explícitos
o la existencia de un poder contrarrestante. Es así como existe la
posibilidad que de la democracia no sólo se demande una igualdad formal
de oportunidades, sino también una igualdad sustantiva en los beneficios.
Esta segunda transición es la que los autores O'Donnell y Schmitter
denominan socialización. Término que corre el riesgo de ser
confundido con otro de uso sociológico.
La segunda transición involucra dos procesos independientes pero interrelacionados
: la democracia social, que consiste en convertir en ciudadanos, es decir,
en actores dotados de iguales derechos y obligaciones para decidir qué
acciones deben emprender las correspondientes instituciones, a todos y cada
uno de los miembros del colectivo social y la democracia económica,
referida al suministro de iguales beneficios a la población a partir
de los bienes y servicios generados por la sociedad : ingresos monetarios,
bienes materiales, educación, salud, vivienda, información,
tiempo de ocio, y aun autonomía, prestigio, respeto y posibilidades
para la autorrealización. La presencia o logro simultáneo de
ambas cosas es lo que los autores llaman "socialización".
1.1.6 Apertura de los regímenes
autoritarios.
En el período de entreguerras, los gobernantes autoritarios intentaron,
de alguna manera, legitimar sus gobiernos a través de la movilización
fascista combinada con determinadas formas de corporativismo, fórmula
que presentaron como solución de largo plazo para los problemas de
orden político y como la mejor modalidad posible de gobierno para sus
respectivas sociedades. Los gobernantes autoritarios del período de
posguerra no han podido argumentar lo mismo; en esto reside su diferencia
con los primeros y también constituye su punto débil : son regímenes
que practican la dictadura y la represión en el presente al par que
prometen la democracia y la libertad para el futuro. Así, pueden justificarse
políticamente sólo como poderes de transición, mientras
tratan de desviar la atención hacia sus realizaciones sustantivas inmediatas,
que en el caso típico comprenden el logro de la "paz social"
o del desarrollo económico.
1.2 Sobre el concepto actual de democracia.
1.2.1 Giovanni Sartori.
Para G. Sartori, la "democracia" es una abreviación que significa
Liberal-democracia. Sartori distingue tres aspectos:
(1) La democracia como principio de legitimidad.
(2) La democracia como sistema político.
(3) La democracia como ideal.
La democracia como principio de legitimidad postula que el poder deriva del "demos", el pueblo, y se basa en el consenso verificado, no presunto, de los ciudadanos. La democracia no acepta autoinvestiduras, ni tampoco que el poder derive de la fuerza. En las democracias el poder está legitimado, además de condicionado y revocado, por elecciones libres y recurrentes. Hasta aquí está claro que la titularidad del poder la tiene el pueblo. Pero el problema del poder no es sólo de titularidad, es sobre todo de ejercicio.
La democracia como sistema político
tiene relación con la titularidad del poder y el ejercicio del poder.
Para colectividades pequeñas, como fue el caso de las asambleas en
la ciudad-estado de la Grecia antigua, o los cabildos abiertos de nuestra
organización colonial, fue posible la interacción cara a cara
de los ciudadanos, y en estos casos, la titularidad y el ejercicio del poder
permanecían unidos, una forma de autogobierno. Pero cuando el pueblo
se compone de decenas o centenas de millones, dicha práctica es imposible
y entonces se hace necesario separar la titularidad del ejercicio, nace así
la democracia representativa.
Señala Sartori, que el hecho de que se añadan algunas instituciones
de democracia directa, como el referéndum o plebiscito, no obsta para
que nuestras democracias sean indirectas, gobernadas por representantes. El
poder se transmite por medio de mecanismos representativos.
La democracia como un ideal. La democracia como es en la realidad, no es la democracia como debería ser. La democracia es ante todo y por encima de todo, un ideal. El elemento ideal o normativo es constitutivo de la democracia y provee una tensión ideal, sin la cual, una democracia no nace o bien se distiende rápidamente. El elemento dinámico es esta diferencia entre la democracia ideal y la democracia real, que hace a esta última perfectible. Cuanto más se democratiza una democracia, tanto más se eleva la apuesta.
1.2.2 Samuel P. Huntington.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, el apoyo universal a la democracia
se consolida. Sin embargo, esto tuvo lugar al precio de un desacuerdo, también
universal, en cuanto a su significado. Todos definían a la democracia
según sus propios intereses. De esta manera proliferaron las democracias
con apellido: democracia directa, democracia representativa, democracia liberal
o burguesa, democracia proletaria, socialdemocracia, democracia autoritaria,
etc.
Todo esto creó problemas importantes para los pensadores. En los años
50 y 60, los politólogos hicieron esfuerzos notables para reducir la
confusión terminológica y conceptual. Fue así como cristalizaron
tres enfoques acerca de la definición de democracia:
(1) De acuerdo a las fuentes de autoridad.
(2) De acuerdo a los fines o propósitos del gobierno.
(3) De acuerdo a los medios o instituciones.
De acuerdo a las fuentes de autoridad,
la connotación más recurrida es la democracia como gobierno
del pueblo. Algunos agregan en forma retórica : el gobierno del pueblo,
por el pueblo y para el pueblo. Pero para Huntington esta definición
carece de sentido desde un punto de vista empírico y analítico.
El órgano gobernante en una democracia no siempre es definido en una
forma tan amplia. Jefferson identificaba la democracia con el gobierno de
la clase media. Otros, como el gobierno de los trabajadores. Bryce señalaba
que la democracia existe cuando gobierna "la mayoría de los ciudadanos
calificados".
La premisa implícita en la definición de democracia como gobierno
de la mayoría, es que, mediante la persuasión y la movilización
de apoyo, las minorías pueden llegar a ser mayoría. De no ocurrir
así, si se impide de forma permanente el acceso de una parte de la
sociedad al gobierno, se viola el concepto mismo de democracia.
Una segunda manera de definir
un gobierno democrático es en términos de los propósitos
u objetivos que éste cumple. Pero ¿cómo definir estos
objetivos?
¿Serán el bienestar humano, la igualdad, la justicia, los derechos
humanos, la realización del individuo, la libertad, el bien común,
etc., etc.? Existen muchos problemas con la definición de democracia
en términos de fines.
Cada autor presenta su propia serie de propósitos. Los objetivos que
se presentan suelen ser generalmente de carácter idealista. Prácticamente
todos los líderes políticos aseguran perseguir fines democráticos,
en este caso todos los estados serían democráticos.
Por lo visto, también este enfoque nos presenta dificultades desde
el punto de vista analítico y empírico.
La dificultad de definir a la democracia en términos de fuentes de autoridad o de propósitos de gobierno, ha llevado en las últimas décadas a enfatizar una definición institucional de democracia. La democracia tiene un significado útil sólo si se le define en términos institucionales. La institución clave en una democracia es la elección de los líderes por medio de elecciones competitivas. La formulación moderna más importante la hizo Joseph Schumpeter en 1942, como veremos.
Durante algún tiempo, después
de la Segunda Guerra Mundial, el debate continuó entre los teóricos
que adherían a la definición clásica de democracia, por
la fuente o por el propósito, y aquéllos que se inclinaban por
el concepto institucional schumpeteriano. Hoy el debate ha concluido y ha
predominado la tesis de Schumpeter. Este enfoque institucional posibilita
distinguir la democracia de otros sistemas contemporáneos, a saber,
el sistema totalitario y el sistema autoritario.
Las dimensiones claves por las que se pueden comparar con la democracia son
tres:
(1) La forma en que se eligen los líderes a través de elecciones
competitivas u otros medios.
(2) El alcance y la naturaleza de la participación de la ciudadanía
en el gobierno.
(3) El alcance y la naturaleza del control de la sociedad, en especial el
control de la economía por parte del gobierno.
La democracia es competitiva, mientras que los sistemas autoritarios y totalitarios son no competitivos; los sistemas democráticos y totalitarios son participativos (el primero con participación autónoma y el segundo con participación movilizada), en tanto que los sistemas autoritarios son no-participativos. Los sistemas totalitarios ejercen un control amplio o total sobre la sociedad y la economía, mientras que los sistemas democráticos y autoritarios ejercen solamente un control limitado o moderado.
La definición institucional provee de un sistema referencial práctico para determinar si un sistema es democrático. Proporciona una serie de puntos de referencia, agrupados en su mayoría de acuerdo a las dimensiones de Robert Dahl de competencia y participación. Los regímenes políticos nunca encajan perfectamente en marcos académicos. En cambio la clasificación en términos de democracia institucional es tarea relativamente fácil. Negar la participación mediante el voto a cualquier grupo, no es democrático. Tal fue el caso de Sudáfrica bajo el régimen del apartheid, en que el 70% de la población negra del país no pudo ejercer este derecho, o como ocurrió en Suiza con el voto de las mujeres, hasta hace muy poco tiempo atrás; y en los Estados Unidos, cuando se negó la participación electoral al 10% de la población afroamericana del sur.
Los golpes militares, la censura,
las elecciones fraudulentas, la coerción y el acosamiento de la oposición,
la restricción de reunión o movimiento, son políticas
incompatibles con la democracia.
El concepto institucional de democracia ha sido ampliamente aceptado en los
Estados Unidos y ahora también en Latinoamérica.
Ya no se cuestiona a la democracia política, ceñida al modelo
constitucional liberal como una democracia puramente formal, si es que ésta
da garantías a los derechos individuales, al derecho de reunión
y a las elecciones libres.
1.2.3 Joseph A. Schumpeter.
(1) La democracia como método.
Un aspecto central de la formulación de Schumpeter es concebir la democracia
como un método, como un modo de proceder, cuya ausencia o existencia
es, por consecuencia, fácil de comprobar en la mayoría de los
casos. Esta opción le permitió resolver ambigüedades y
dificultades implícitas en la teoría clásica que definía
la democracia como " la voluntad del pueblo", o "la voluntad
general" o "el bien común", máximas, que a juicio
de Schumpeter, muchas veces eran mejor servidos por gobiernos que nada tenían
de democráticos.
La definición schumpeteriana es de carácter empírica,
más sujeta a los hechos e instituciones que permiten su funcionamiento
que a una concepción más abstracta o de componentes ideales.
En segundo lugar, la definición pretende ser exhaustiva y satisfactoria,
a saber, el problema está en garantizar un método para conseguir
decisiones formalmente por medios democráticos, no permitiendo hacer
excepciones a este principio.
Para Schumpeter la democracia
se define de la siguiente manera: "el método democrático
es aquel sistema institucional, para llegar a decisiones políticas,
en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha
de competencia por el voto del pueblo".
En efecto, esta definición pone su acento, en primer lugar, en el carácter
central de la competencia, en segundo lugar, en los elementos esenciales que
debe existir en un régimen democrático: la existencia de una
oposición, la existencia de minorías y el papel clave del voto
popular.
(2) Los supuestos.
Ahora bien, esta definición tiene un conjunto de supuestos que abordaremos,
particularmente aquellos que tienen una vinculación para el tratamiento
de su relación con el capitalismo y el mercado.
El primero de estos es el reconocimiento de la libertad y competencia por
el caudillaje político, y en segundo lugar, la de la organización
de las voliciones - la expresión de la voluntad - como elementos claves
para la competencia electoral. Al respecto, es en la competencia por el caudillaje
donde Schumpeter establece una relación con las dificultades similares
que se dan en el ámbito de lo económico, propio de las sociedades
que organizan su economía en base al funcionamiento del mercado.
Esta dificultad reside en que, tanto en la competencia económica como
en la competencia política, esto es, la competencia por el voto, se
dé dicha competencia en forma perfecta, vale decir, no excluye fenómenos
análogos como lo son la competencia "desleal" , "fraudulenta"
o, en definitiva, la restricción de la competencia. No existe la competencia
perfecta ni, por ende, la democracia perfecta.
Pese a ello para Schumpeter el sistema económico capitalista posibilita
más que ningún otro el desarrollo de la democracia por tratarse
de sociedades abiertas donde la libertad individual, otro de los presupuestos
básicos establecidos por Schumpeter para entrar en la competencia electoral,
es también condición básica para el sistema económico,
aunque, como él señala, el método democrático
no garantiza mayor libertad individual.
Otro tanto ocurre con el presupuesto que señala la función de
la democracia como un régimen que no sólo tiene la facultad
de crear un gobierno, sino que también de disolverlo y fiscalizarlo
mediante la decisión del electorado de reelegir a sus representantes,
lo cual implica que la voluntad mayoritaria no es la voluntad del pueblo en
su totalidad, sino de la mayoría proporcional, de acuerdo a los procedimientos
institucionalizados establecidos.
1.2.4 Robert A. Dahl.
Para Dahl, el gobierno democrático se caracteriza fundamentalmente
por su continua aptitud para responder a las preferencias de sus ciudadanos,
sin establecer diferencias políticas entre ellos. Para que esto tenga
lugar es necesario que todos los ciudadanos tengan igual oportunidad para:
(1) Formular sus preferencias.
(2) Manifestar públicamente dichas preferencias entre sus partidarios
y ante el gobierno, individual y colectivamente.
(3) Recibir por parte del gobierno igualdad de trato : es decir, éste
no debe hacer discriminación alguna por causa del contenido o el origen
de tales preferencias.
Estas tres condiciones básicas deben ir acompañadas por ocho
garantías :
(a) Libertad de asociación.(b) Libertad de expresión.(c) Libertad de voto.(d) Elegibilidad para el servicio público.(e) Derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo.Derecho de los líderes políticos a luchar por los votos.(f) Diversidad de las fuentes de información.(g) Elecciones libres e imparciales.(h) Instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos y demás formas de expresar las preferencias.
Aparentemente estas ocho características institucionales darían una escala teórica adecuada para comparar a los distintos regímenes políticos, sin embargo , sabemos que tanto en el pasado como en el presente los regímenes divergen grandemente en la amplitud, aplicación y garantías que otorgan al ejercicio de tales oportunidades institucionales.
Para poder medir con mayor precisión el grado de democratización de un sistema político, Dahl recurre a dos dimensiones teóricas, las que, sin agotar el concepto de democracia como ideal, entregan una herramienta muy adecuada para el propósito comparativo.
Una dimensión refleja la amplitud con que el régimen facilita la oposición, o el debate público, en otras palabras la liberalización. La otra dimensión es el número de personas que están facultadas para participar, mediante adecuados mecanismos de representación en un plano de mayor o menor igualdad, en el control y discusión de la política del gobierno.
Estas dos dimensiones : el debate público y la capacidad de representación
varían independientemente una de la otra. Es así como en el siglo
pasado en Chile se desarrolló un alto grado de controversia pública,
pero sólo un sector muy reducido de la población participaba en
ella. Dahl cita el caso de Suiza (en la época en que escribió
su obra) que teniendo uno de los sistemas de debate más desarrollados
del mundo, por lo que pocas personas dudaban de calificar a su régimen
como altamente "democrático", sin embargo, todavía estaban
las mujeres, la mitad de la población, excluidas del derecho a voto.
Por otro lado en la ex-URSS, que no tenía prácticamente ningún
sistema de debate público independiente, el sufragio era universal. El
autor grafica sobre ejes cartesianos las mencionadas dimensiones, como se muestra
en la figura siguiente:
Si un régimen de hegemonía cerrada se desvía hacia arriba,
a lo largo de las ordenadas, tiende a abrirse más al debate público.
Un cambio en esta dirección produce una liberalización del régimen,
se hace más competitivo. Un régimen que se mueve a lo largo de
las abcisas, concede mayor participación, se hace más representativo.
Cualquier movimiento hacia la derecha y hacia arriba, representa un grado de
democratización. Como se trata de variables independientes, cualquier
régimen puede cambiar en una dirección y no necesariamente en
la otra. En este esquema la "Democracia" se situaría en el
vértice superior derecho. No obstante, la democracia comprende más
dimensiones que las que se expresan en la figura, y no existe en la realidad
ningún régimen totalmente democratizado, por lo que Dahl ha preferido
llamar poliarquías a los sistemas actuales más próximos
al vértice superior derecho.
"Así, pues, cabría considerar las poliarquías como
regímenes relativamente (pero no completamente ) democráticos;
o, dicho de otra forma, las poliarquías son sistemas substancialmente
liberalizados y popularizados, es decir, muy representativos a la vez que francamente
abiertos al debate público".
En su artículo "Justificación de la Democracia" , Dahl
se pregunta "¿Con qué criterio podemos estimar el valor de
la democracia, ya sea como un ideal o como una realidad?". La respuesta
se encuentra en un supuesto de carácter fundamental como es lo que él
llama la igualdad en el valor intrínseco. Esta idea advierte que ninguna
persona es intrínsecamente superior a otra y que los intereses de cada
ser humano tienen derecho a igual consideración. "Todos cuentan
por uno, nadie por más de uno", declaraba Bentham.
Para respaldar y dar solidez a lo que Dahl llama el Principio Fuerte de la Igualdad, une el primer supuesto de valor intrínseco con un segundo supuesto, que ha sido la piedra angular de la creencia democrática : ninguna persona está mejor capacitada que uno mismo para juzgar su propio bien o intereses, o para actuar para lograrlos.