DIAGNÓSTICO INICIAL.
La Concertación aún no ha perdido irreversiblemente su capital electoral y de apoyo popular, el que ahora se encuentra expectante ante un golpe de timón por parte del próximo gobierno concertacionista. Sin embargo, pensamos que se agotan los plazos para efectuar cambios políticos y sociales postergados desde 1990, en gran medida como consecuencia del candado institucional que ha impedido la correcta expresión de una mayoría ciudadana sostenida en las urnas desde hace ya una década, pero que comienza a desgartarse peligrosamente.
Creemos que las probabilidades de que un nuevo gobierno de la Concertación tome un rumbo distinto, esto es, hacia posiciones y políticas cercanas a las establecidas en el programa de gobierno de 1989, son bajas, a no ser que se adopte una estrategia alternativa a la "estrategia de los consensos" que caracterizó al período de la transición, con sus magros resultados en materia de reformas.
La composición del Senado actual hace prácticamente inviable para la alianza oficialista el logro de cambios importantes a la Constitución, excepto aquellos que permitan los sectores de derecha. Pese a lo anterior y en aras de ser lo más objetivo posible, en los dos escenarios que hemos configurado, consideramos también el de consenso.
Para la exposición que realizaremos, partimos del supuesto de la existencia de una voluntad política mayoritaria en la coalición gobernante en orden a efectuar cambios importantes que apunten a una revalorización del rol del Estado, a la reforma electoral y constitucional, a modificaciones profundas a los actuales sistemas de Salud y Educación, a la reformulación de una nueva política laboral, entre otras materias. No cuestionaremos este supuesto, aunque se perciben importantes diferencias al interior del conglomerado entre sectores reformistas y otros que podrían definirse como conservadores del "statu-quo". Suponemos también la intención de implementar todos los esfuerzos posibles para que la coalición se mantenga, sin que se produzcan fugas importantes hacia la centroderecha o bien hacia la izquierda extraparlamentaria.
REFORMAS CONSTITUCIONALES : OBJETIVO INELUDIBLE.
Por lo tanto, creemos que la gran pregunta que debe ser contestada por parte del conglomerado oficialista es : ¿ Cuál es la estrategia más adecuada para un próximo gobierno concertacionista en orden a producir las reformas constitucionales y de este modo profundizar la Democracia ?
Sin embargo, no basta con el mero enunciado de esta interrogante. También es importante plantearse de qué reformas constitucionales estamos hablando.
Existen muchos enclaves que son necesarios reformar pero pensamos que hay ciertas prioridades, es decir, reformas que son claves para posibilitar posteriormente otras reformas. La más importante, a nuestro juicio, constituye una díada. En efecto, siempre se considera la eliminación de los senadores designados como la reforma que permitiría abrir el cerrojo constitucional dejado por el Gobierno de Pinochet. No obstante, esta reforma por sí sola no es suficiente, puesto que la eliminación de los senadores designados sin modificar el sistema binominal produciría , si se decide reemplazar el actual número de designados por electos, una correlación de fuerzas muy parecida a la actual que, como sabemos, no corresponde realmente a la voluntad popular expresada democráticamente. Por lo tanto, la sola eliminación de la institución de los senadores designados, reforma que ya empieza a ser considerada por algunos sectores de derecha (por algo será), no resultaría beneficiosa para los efectos de proporcionalidad de representación, sino más bien podría constituir un error político de proporciones.
Bajo esta perspectiva, llegamos al punto de interrogarnos acerca de cuál estrategia puede ser la más idónea para la consecución de los objetivos anteriormente expuestos. Pensamos que esta puede variar en función del escenario que se decida configurar para obterner tales reformas. Al respecto, hemos bosquejado dos escenarios : uno de consenso y el otro que designamos como de conflicto regulado.
ESCENARIO DE CONSENSO PARA LOGRAR LAS REFORMAS.
El escenario de consenso es aquel que se logra mediante la negociación política y la persuasión, tarea que se desarrollaría fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en el Senado. Se trata de sumar a los votos de la Concertación, los votos de la derecha y/o de los senadores institucionales que sean necesarios para lograr los quórum que la ley señala.
Para reformar el artículo que dice relación con los senadores institucionales, se necesitan las 3/5 partes de los votos en ambas cámaras, es decir, 72 diputados y 29 senadores. Para una reforma al sistema electoral es necesario las 4/7 partes de ambas cámaras, es decir, 69 diputados y 27 senadores. Sabemos que la Cámara de Diputados, en su configuración actual, no presentaría problemas para la Concertación en este último caso. En cambio, el problema se presentaría en el Senado, donde la Concertación cuenta en este momento con 23 votos a su favor. A partir de marzo del 2.000, se sumaría el voto del Presidente Frei, de manera que faltarían 5 votos.
Consideramos que la composición del nuevo Senado lo hacen más proclive que el anterior en cuanto a una posición antirreformista , por lo que se puede concluir que sería difícil para un próximo gobierno concertacionista persuadir a cinco senadores, entre designados y de oposición. Estimamos que este escenario de consenso tiene poca viabilidad.
ESCENARIO DE CONFLICTO REGULADO PARA LOGRAR LAS REFORMAS.
Noción de "conflicto regulado":
Entendemos por conflicto regulado a un proceso político en el cual los actores adoptan posiciones plenamente identificables respecto de las de sus adversarios y por tanto las defienden en el plano doctrinario y práctico, pero que sin embargo no desbordan el marco del juego democrático.
Es obvio que resulta imposible predecir en qué momento un proceso de conflicto escapará al control de los actores involucrados y hará peligrar a todo el sistema. Sin embargo en la actualidad, y a diferencia de décadas pasadas, existe una lealtad generalizada hacia el modelo democrático-liberal imperante en buena parte del mundo. Tal lealtad puede ser por convicción ideológica o bien por pragmatismo político. En relación a esta última idea, planteamos que las condiciones del comercio exterior y la necesidad de mostrar una "imagen-país" estable para la inversión extranjera, limitan la probabilidad de actos desleales al régimen por parte de quienes participaron directa o indirectamente del gobierno militar. Ante los ojos de un mundo globalizado y liberalizante, sería sumamente negativo un quiebre institucional como el que se vivió en 1973, o bien similares a las tímidas intentonas ocurridas en Paraguay hace más de un año. Las pérdidas pueden ser mayores que los beneficios para quienes se embarquen en una aventura de este tipo. Sin embargo, no puede descartarse de plano esta eventualidad, especialmente porque la historia confirma la incapacidad de predecir el desenlace de tales procesos políticos.
El conflicto existe en nuestro país desde el momento en que se cuestiona seriamente el andamiaje institucional implantado por el gobierno militar, especialmente en lo referente a preceptos constitucionales que generan instancias capaces de revertir la voluntad de las mayorías y un sistema electoral que en la práctica desvirtúa la representación democrática. Consideramos que aquí se encuentran realmente las trabas que impiden lograr una democracia ajustada a sus definiciones académicas más reconocidas, como asimismo las fuentes de una apatía política, manifestada por el alto porcentaje de votación nula y en blanco y alto porcentaje de abstención en las últimas elecciones.
Resulta inevitable que quienes defienden esta estructura de poder se opongan firmemente a cualquier cambio que altere sustancialmente el falso equilibrio de fuerzas políticas que hoy se aprecia en el Poder Legislativo y en otras instituciones del Estado.
El escenario de conflicto regulado mediante la confrontación electoral se refiere a las posibilidades de obtener un Senado mayoritariamente concertacionista para las elecciones del año 2.002, que implique el quórum necesario para las reformas.
En un análisis región por región, las posibilidades para la coalición no se ven muy promisorias. No obstante , existiría una alternativa a través de una "revitalización de la política", de manera tal que permita conformar un frente político amplio. Este frente amplio, que puede ser un ensanchamiento de la base de apoyo de la Concertación tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, estaría conectado de alguna manera con las elecciones presidenciales de fines de 1999. Intentaremos explicar esta perspectiva.
Creemos que lo central en la estrategia de la Concertación es un cambio de eje, desde una conducción eminentemente tecnocrática hacia una conducción política en su mejor y más amplio sentido. Planteado el escenario en esta forma , la designación del candidato presidencial adecuado, adquiere importancia. Se trataría de un candidato capaz de apelar a sectores que están más allá de la Concertación, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Un candidato que sea aceptable para la izquierda extraconcertacionista y que al mismo tiempo no genere anticuerpos en sectores de la centro derecha democrática.
El vínculo que se establece entre las elecciones presidenciales de 1999 y las senatoriales del 2002, tendría que ver con el leit motiv de la campaña presidencial, el que, por supuesto, no podrá ser más de lo mismo : crecimiento y equilibrio macroeconómico, sino la representación de una aspiración con mayor poder de convocatoria : más democracia, en el sentido de mayor transparencia y participación en la toma de decisiones y mayor equidad en el usufructo de los bienes del desarrollo económico.
Si el electorado diera su preferencia al candidato concertacionista teniendo en vista la posibilidad de mejorar democráticamente al país, consecuentemente debería darle el Senado necesario para llevar a cabo las reformas constitucionales a partir del 2002. Para lograr esto, sería necesario que la Concertación, aprendiendo del error, estuviera en condiciones de explicar a la ciudadanía la conexión objetiva que se establece entre las reformas constitucionales y las mejoras, no sólo en la naturaleza del régimen democrático, sino que también en las de sus vidas privadas. En este sentido, y desafortunadamente ante el mutismo oficialista, la derecha ha ganado el "terreno alto" del discurso público, pretendiendo convencer a la ciudadanía que las reformas constitucionales son temas políticos que "no interesan a la gente".
Para llevar a cabo una aspiración como la esbozada anteriormente, se requiere de cambios importantes en la estrategia de la Concertación.
En primer lugar, es necesario un discurso público que haga evidente ante la ciudadanía las trabas institucionales que impiden la implementación de políticas más progresistas en el ámbito laboral, de la salud, educación, redistribución del ingreso, etc. Esto implica un Ejecutivo dispuesto a correr los riesgos de una esterilidad legislativa parcial, producto del veto de la oposición en el Senado y que además esté en disposición de defender fuertemente sus proyectos. En este contexto, el tema del candidato sería indiferente, siempre que se comprometa a adoptar un rol más activo en desenmascarar los enclaves autoritarios de la Constitución de 1980 y su incidencia en la viciada correlación de fuerzas que hoy se aprecia en el Congreso.
En segundo lugar, la Concertación debiera abocarse a lograr un Congreso favorable al Presidente (2002) como una misión inclaudicable de su proyecto político y social. La argumentación de la derecha respecto a contrapesar las amplias facultades presidenciales por medio de un parlamento adverso, no tiene cabida en el concepto de democracia representativa, en la que la voluntad de las mayorías debe prevalecer por sobre la de las minorías.
Es prioritario, desde este punto de vista, que la coalición genere una política comunicacional acorde con estos objetivos, lo que implica directa o indirectamente una participación importante en medios de comunicación, que justamente se encuentran en manos de sectores no proclives a estos cambios. Es pecar de ingenuidad pensar -como se ha hecho hasta ahora- que la participación estatal en los medios es derechamente una forma inaceptable de intervencionismo, pues justamente esto es lo que hacen poderosos grupos económicos en la actualidad. Una coalición que representa a más del 50% de la ciudadanía no puede castrarse comunicacionalmente y entregar todo este poder a manos privadas. Ningún gobierno en el mundo lo hace.
Por último, la política del conflicto regulado puede, aunque parezca una paradoja, generar en el mediano plazo espacios reales de consenso con la oposición. Es lógico pactar con quien tiene una cierta cuota de poder y no con quien se desgasta continuamente. Por eso la derecha pactó con la Concertación en 1989 las reformas constitucionales, pues se pensaba que un apoyo ciudadano superior al 50% no podía dejar de ser escuchado, ni siquiera por el régimen militar. Posteriormente, los sucesivos gobiernos concertacionistas suplantaron esta política por una estrategia de acuerdos en el Congreso, pensando que en un futuro no lejano podrían lograrse reformas importantes a la Constitución. Sin embargo, aunque esta política de consenso dio estabilidad en los primeros 4 años de gobierno democrático, a la larga se agotó, pues la oposición terminó cerrando filas en aquellos temas constitucionales que consideró vitales para la preservación de la institucionalidad.
Es necesario apelar al voto ciudadano, pero sustentado en una insistencia respecto de las políticas económicas y sociales que se plantearon en 1989 y apoyado en una campaña comunicacional que privilegie el desarrollo democrático del país, como condición sine qua non para la consolidación de un sistema económico y social equitativo y estable en el mediano y largo plazo. Resulta paradójico que el Gobierno de la Concertación emita un documento como es el Libro de la Defensa en Chile, en el que el desarrollo de la democracia no esté considerado como un objetivo nacional permanente, contradiciendo el primer compromiso establecido en sus bases programáticas.22 Constituye una máxima empíricamente irrefutable que el electorado siempre premia a la consecuencia y la coherencia y castiga a lo contrario.
Reconocemos que en el corto plazo la política del conflicto regulado, si es exacerbado, podría generar incertidumbre económica y merma en la imagen del país. Sin embargo, en el largo plazo - y creemos que la comunidad internacional lo sabe- el fin de los enclaves autoritarios en nuestra democracia redundará en nuestro beneficio en todos los aspectos.
Entendemos que los gobiernos concertacionistas de transición, en aras de la consolidación de las libertades recuperadas, no hicieron valer con suficiente fuerza los argumentos en pro de una profundización de la democracia, permitiendo así la vigencia del concepto de "democracia protegida", elemento clave del proyecto fundacional del régimen militar.
La estrategia de los consensos permitió la gestión en pie de igualdad entre un gobierno representativo de casi los dos tercios de la voluntad ciudadana, con una oposición representativa, a lo más, de un tercio de la ciudadanía.
En un escenario de conflicto regulado, incluso la derecha podría ver los frutos de deshacerse definitivamente de sus lazos infantiles con el régimen militar, entrando a la competencia democrática con reales posibilidades de ser alternativa de gobierno.
GRUPO PROPOLCO. Abril de 1998.
1 Un Gobierno para los Nuevos Tiempos. Bases programáticas del Segundo Gobierno de la Concertación. Pág. 13.
2 Libro de la Defensa Nacional de Chile. Pág.
27. Ministerio de Defensa Nacional. Agosto 1997.