Gracias a la fuerza de voluntad de los líderes latinoamericanos, en 1967 se firmó el Tratado de Tlatelolco, que convirtió a Latinoamérica en la primera región desnuclearizada del mundo; y gracias a la inteligente política del expresidente Jimmy Carter, entre 1977 y 1997 Latinoamérica no pudo adquirir de Estados Unidos armas convencionales de alta tecnología, lo que nos permitió mantenernos fuera de la locura armamentista que contagió durante esos años a la mayor parte del planeta.Ahora, por el contrario, la paz y el progreso de la región se ven amenazados como consecuencia de dos lamentables decisiones. La primera, adoptada por el presidente Clinton en 1997, fue levantar el embargo sobre las ventas de armas sofisticadas a Latinoamérica, decisión que sólo sirve a los intereses de los grandes fabricantes estadounidenses de armas. La segunda ocurre ahora, cuando el gobierno chileno se apresta a adquirir, de la empresa Lockheed Martin de EE.UU., 12 modernos aviones de combate F-16, junto con avanzados misiles y sistemas de navegación.
Con esta venta se introducirían avanzadas y destructivas tecnologías en una región donde hasta ahora nadie ha podido explicar por qué podrían ser necesarias. Lo cierto es que Chile no enfrenta ninguna clase de amenaza militar. Las grandes amenazas para ese país y para toda la región son la pobreza y la desigualdad social. Latinoamérica es la región del mundo que mayores desigualdades padece. Reforzando el poderío militar bajo el falso pretexto de proteger a nuestros países no hacemos más que perpetuar esas amenazas. Invirtiendo en armas, y no en educación, condenamos a nuestros niños a la ignorancia y, en consecuencia, a la pobreza. Lo que los niños de Latinoamérica necesitan son escuelas y centros de salud, no aviones armados con misiles aire-aire.
A la luz del hecho de que el 35% de los adolescentes de la región no se encuentra matriculado en una institución de enseñanza, el desperdicio de recursos que implica la adquisición de esos equipos militares es un crimen imperdonable. Mientras seamos víctimas de una brecha educacional tan grave, discutir sobre la "brecha digital" es irrelevante.
Por otra parte, dada la extremada sofisticación de los equipos militares que Chile pretende adquirir, no hay duda de que esto provocará en Sudamérica una peligrosa carrera armamentista. Previendo justamente esta situación, cuando el presidente Clinton se preparaba para levantar el embargo ya mencionado, hice, junto al ex presidente Carter, un intento de convencer a los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe para que adoptaran una moratoria de dos años sobre la adquisición de armamentos sofisticados, con el fin de dar tiempo para negociar un acuerdo regional permanente similar al Tratado de Tlatelolco, de 1967. Aunque la respuesta inicial de muchos gobiernos fue positiva, al final no se alcanzó a firmar la moratoria ni, mucho menos, el tratado. Más bien, la miopía de unos cuantos líderes permitió continuar el dispendio en armas y contribuyó con ello a la inestabilidad de la región y a la perpetuación de la pobreza.
Por el momento, todavía tenemos la oportunidad de examinar con cuidado las posibles consecuencias que esta adquisición de aviones tendría, no sólo para Chile y EE. UU., sino también para toda la región. En abril tendrá lugar en la ciudad de Quebec la cumbre hemisférica en la que el principal tema de discusión será la liberalización del comercio como medio para estimular un mayor desarrollo humano. Será oportuno que en esa cumbre se reconozca que las ventas de armas de tanta magnitud producirán el efecto inverso ñel retraso del desarrollo humanoñ, pues son un desperdicio de recursos que podrían ser mejor invertidos en el fortalecimiento de la infraestructura y de los servicios básicos para los pobres de Latinoamérica.
Resulta frustrante ver cómo, al tiempo que el gobierno civil de Chile cede ante la presión de los militares, el gobierno de EE. UU. se inclina frente a las presiones de los fabricantes de armas. Al Presidente George W. Bush le solicito que la política de EE. UU. refleje los verdaderos ideales de su país y, en beneficio de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad de los latinoamericanos, no permita que esta venta de armas se concrete. De igual manera, insto al Presidente Ricardo Lagos a suspender esta compra, pues él y todos sus colaboradores en el gobierno saben que se trata de algo innecesario, dispendioso y lleno de peligros.
A Chile ninguno de sus vecinos planea invadirlo, por lo que debemos preguntarnos cuál es el enemigo que sus militares tienen en mente. Permanece vívida en las mentes de los latinoamericanos la imagen de aquellos aviones que bombardearon el palacio presidencial de Santiago el 11 de setiembre de 1973. ¿Será posible que los F-16 sean utilizados en el siglo XXI para repetir aquella escena? Tan solo ha transcurrido una década desde que Chile se liberó de la dictadura militar. Mientras las instituciones democráticas no terminen de consolidarse, la posibilidad de un golpe castrense sigue oculta entre las sombras. Proporcionar armas de tecnología avanzada a unas Fuerzas Armadas que no las necesitan no es sino una manera de agudizar el ya acentuado desequilibrio de poder entre el sector militar y el gobierno civil, y constituye el primer capítulo en la historia de un desastre anunciado.
(*) Oscar Arias Sánchez es Premio Nobel de la Paz de 1987 y ex Presidente de Costa Rica. Este artículo fue publicado el martes 7 de marzo de 2001 en el diario La Nación de San José, Costa Rica.