El orden de los factores

Cuando se trata de hacer recuentos de situaciones en las que aparecen involucrados aspectos políticos, económicos y sociales, mi preferencia ha sido el estudio parcializado, tratando de separar el análisis político del económico y social. En la práctica todos están interrelacionados, pero su reflexión conjunta puede complicar los resultados, de aquí mi tendencia a desmembrarlos.

La sociedad se organiza en base a sistemas y subsistemas, pero preferiría definir al político como "el sistema" y a los restantes como subsistemas. Esto porque es en el sistema macropolítico donde se establecen las relaciones primarias entre las personas que se organizan en sociedad. En este sistema es donde se define lo que somos y hacia donde queremos ir como respuesta a las preguntas básicas que nos hacemos implícitamente cuando queremos vivir en comunidad. De aquí que el sistema político tiene un carácter fundamentalmente normativo. Una vez definido lo que creemos que somos y hacia donde creemos que deberíamos ir -un aspecto que correspondería a la fase fundacional de la comunidad hecha nación según Dankward Rustow- surgirán las preguntas acerca de cómo podremos lograr nuestras metas. Los subsistemas económicos y sociales pasarán entonces a ser instrumentos para los fines definidos por la política. Desde esta perspectiva, sería lógico pensar que, antes de decidir el cómo, primero debamos decidir el qué y para qué.

No se me ocurre mejor finalidad para una asociación humana que la de apuntar hacia la felicidad de sus integrantes, a mi juicio mediante el pleno desarrollo como seres humanos, es decir, lo que los antiguos denominaron "la buena sociedad". Si no ¿para qué organizarse?; entonces mejor "cada uno para su santo" y ya.

De lo anterior se desprende que la organización en sociedad debe tener cierta secuencia, un hacer primero y un hacer después. De aquí que, a mi juicio, lo primero es organizar la sociedad política.
Creo que muchos estarán de acuerdo conmigo en considerar a la democracia liberal como el sistema político menos objetable que se ha inventado hasta ahora. De manera que una vez instaurado este sistema, por cierto siempre perfectible, podremos apuntar nuestras energías a las otras tareas.

Las transiciones a la democracia en Europa del Sur y en Europa del Este -en las décadas de 1970 y 1990, respectivamente- siguieron este patrón, independientemente si la transición se llevó a cabo mediante un proceso pactado como en los casos de España y Polonia o por ruptura como en los de Portugal y Grecia. De cualquier manera, todas ellas han sido consideradas transiciones exitosas porque lograron, en mayor o menor grado, democracias estables. Una prueba de la acertada sucesión de los cambios políticos, económicos y sociales es el hecho que todas ellas, pese a sufrir crisis económicas severas durante sus desarrollos (España mantuvo cesantías de dos dígitos por años), pudieron sobrevivir gracias al manifiesto apoyo ciudadano hacia el régimen democrático consensuado.

El proceso de transición pactada en Chile no tuvo esta misma secuencia. Una vez negociadas las enmiendas a la Constitución de 1980 y aprobadas por referendum las modificaciones mínimas para su legitimización en 1989, el proceso de transición política quedó en status quo, bajo el entendido que una vez instaurado el primer gobierno de la Concertación se procedería a completar las reformas necesarias al ordenamiento constitucional para pasar desde una democracia protegida hacia una democracia liberal en propiedad. No ocurrió así.
Los gobiernos de la Concertación decidieron reafirmar su legitimación mediante una conducción económica acertada dado que, el mayor temor y complejo de la coalición de centro izquierda era no ser capaces de ello. Esto permitiría de paso solucionar los problemas sociales heredados del período autoritario.
Para la consolidación política del régimen democrático se contaba con el apoyo del sector liberal de derecha, sin embargo, por el peso político y la influencia de la derecha ligada a la dictadura, las reformas a la constitución no pudieron ser introducidas.

A doce años desde la reinstauración de la democracia en Chile no ha sido posible para la sociedad consolidar su régimen por medio de una constitución democrática consensuada. Este es el Talón de Aquiles de la transición chilena. Indiscutiblemente, los mayores problemas que enfrentan los regímenes postautoritarios en Latinoamérica son fundamentalmente de carácter político (Argentina, Venezuela, Perú, Ecuador) con consecuencias económicas.

De manera que urge la necesidad de llegar a acuerdo entre las fuerzas políticas para establecer una carta fundamental aceptada por todos y ojalá refrendada por votación popular. Lo contrario puede ser una bomba de tiempo.

Me parece que existe la necesidad de corregir esta falencia, teniendo en cuenta que hemos tenido la suerte (o la habilidad) de no haber enfrentado aún una verdadera crisis económica con secuelas sociales, de modo que no sabemos si el régimen político sería capaz de sobrellevarla.

Hemos denominado "crisis económica" a un período que sólo refleja una situación de normalidad, incluso por sobre el promedio de crecimiento histórico del país (ca.2.2%). En este sentido probablemente el mayor error fue haber creado falsas expectativas anunciando tasas de crecimiento de 6-7% hasta el año 2.010. ¡Ningún país ha crecido a ese promedio sostenido durante 25 años! Pero es concordante con el afán concertacionista de legitimación por la vía del manejo económico.

En vista de la crítica situación latinoamericana, podemos afirmar que el orden de los factores, en este caso, sí altera el producto. De manera que la tarea más urgente que enfrenta la sociedad chilena no es la solución de la 'coyuntura económica' sino la de consolidar el régimen político democrático en base a una Constitución libre de ataduras con el pasado autoritario (*).