Está claro, cualquier gobierno anhelará ejercer su función en un país tranquilo, templado, en paz y armonía, sin turbulencias. En Chile, esto choca tanto con su historia como con la realidad circundante, con los hechos diarios, a veces imponderables, otras incontrolables. Pero también la búsqueda de esta ansiada armonía, de vez en cuando se ve "saboteada" desde las propias autoridades cuando hacen declaraciones no bien calculadas en sus efectos. En lenguaje más corriente, a esto se le llama "irse de boca".
Tras las acusaciones de torturas que afectan al segundo en el mando de la Fuerza Aérea, General Gabrielli, pocos chilenos vimos esa "avalancha" de acusaciones a que hizo alusión el Ministro del Interior. A casi nadie se le había pasado por la mente tal escenario, excepto, tal vez, en círculos castrenses o civiles, a aquellos con la conciencia más intranquila.
De esta manera, sin desearlo talvez, el ministro dió el pitazo de partida a un nuevo debate en la sociedad chilena. ¿El caso de los detenidos desaparecidos, agota todo el tema de los derechos humanos en Chile?
En una reciente entrevista al senador institucional Edgardo Boeninger, éste afirma que es legítimo procurar que la ética y la responsabilidad prevalezcan por sobre las legítimas demandas de justicia.1 Para Boeninger -considerado el cerebro gris tras la transición y la política de los consensos del pasado decenio- el tema debe ser planteado en la forma de dos opciones: ética y demanda.
De manera que las víctimas de violaciones a sus derechos se encontrarían en la disyuntiva de actuar "éticamente, con responsabilidad" o bien demandar justicia, apareciendo implícitamente esta última opción como éticamente cuestionable. Como si la demanda por justicia no llevara en su esencia un contenido ético.
Si se interpretan correctamente las palabras del Ministro del Interior y del Senador institucional, la "actitud responsable" debe venir de parte de las víctimas, no de los victimarios. A éstos no es posible exigirles nada. Ni responsabilidad, ni reconocimiento, ni siquiera arrepentimiento de los crímenes perpetrados.
Paradojalmente, la ética de la responsabilidad -que no es sino la manera eufemística de llamar a la manoseada "razón de estado"- debe provenir precisamente de quienes fueron víctimas de las razones de estado, de la lógica del poder, de la misma perspectiva desde la cual estos funcionarios aproximan este drama.
Las razones de estado, o ética de la responsabilidad fueron las bases argumentales de los gobiernos de la Concertación para aceptar toda clase de presiones por parte de Pinochet para protegerse de los escándalos, entre ellos los "pinocheques". Diez años después, seguimos aplicando la misma lógica.
No hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta de lo poco que influye en la inmensa mayoría de los chilenos los avatares de aquellos uniformados y ex-uniformados que han debido concurrir a los tribunales por juicios pendientes de derechos humanos.2
Otra cosa es lo que pueda ocurrir en el círculo de la élite política que se frecuenta en los pasillos del poder, en sus vecindarios, en cócteles o en sus lugares de veraneo, lo que puede influir en la visión apocalíptica que a veces alimenta la clase política respecto al devenir de nuestra sociedad si se sigue el camino de la verdad con justicia, alucinación que algunos medios de comunicación, escasos de noticias, están tan atentos a multiplicar.
Por otro lado, el que varios miles de chilenos hayan sido víctimas del degradante crimen de la tortura, no significa que otros tantos miles de uniformados deban comparecer ante la ley. Como muchos uniformados lo saben, estos crímenes fueron perpetrados por unos pocos enajenados, cuya mayoría dejó el servicio hace varios años. Otros ya han muerto. Muchas víctimas también.
De manera que, la temida "avalancha" a que se refiere el ministro, podría no ser más que una fresca ola que haría bien en barrer con la última escoria playera de la atormentada historia chilena.
Febrero 2.0011 El Mercurio, domingo 25 de febrero, 2.001. Página D-3.
2 Después de 30 años, son una excepción los que permanecen en servicio activo.