Cuando era niño, quedé muy sorprendido cuando un adulto me dijo que los gatos siempre caían con sus patas apuntando al suelo, no importando de qué manera fueran lanzados al aire. Pasaron varios años para entender que el mismo concepto aplicado a las personas tenía una connotación negativa, es decir, quienes caen siempre de pie son personas que intentan asegurar su vida a toda costa, siempre buscando la mejor alternativa para aprovechar cualquier situación en beneficio personal.
Esta introducción me sirve para ilustrar sobre un especial tipo de degradación que ha invadido a los cuadros políticos de gobierno, no importando su militancia ni visión política. La llamo corrupción, porque eso es lo que es, aunque a primera vista pareciera sólo ser un simple conflicto de intereses o de manejo de información privilegiada. El tema ya lo hemos esbozado en otros de nuestros artículos y afecta principalmente a quienes se definen objetivamente como técnicos. La cuestión se plantea en las siguientes preguntas: ¿puede un funcionario fiscalizar una determinada área sensible de la economía y pensar que en el futuro puede trabajar para aquellos a quienes fiscaliza? ¿Es lícito que quien ha manejado información privilegida sobre determinados rubros posteriormente trabaje para uno de los actores en juego, justamente beneficiándolo con tal información y experiencia? Definitivamente pienso que no. Aún más, creo que enfrentamos un problema de enormes dimensiones y que afecta las bases mismas de la confianza en el servicio público, y por ende de la democracia.
Hemos visto recientemente en la prensa, los casos de ex funcionarios de gobierno de la Concertación, quienes ahora están detrás de intereses de empresas a las cuales en su momento fiscalizaron. Es el caso del ex subsecretario de obras públicas Guillermo Pickering, quien ahora defiende apasionadamente a las recién privatizadas empresas de servicios sanitarios en un tema al que justamente a él le toco participar, como fue la dictación del decreto tarifario de 1998. Hace algunos meses ya prestaba "servicios" como representante de las empresas de telefonía celular, defendiéndolas de una legislación dictada durante el gobierno del cual participó activamente. Lo mismo ocurre con el señor Julio Bustamante, ex superintendente de AFP, quien curiosamente se desempeña ahora como director de una compañía de rentas vitalicias. Lo mismo ha sucedido con dos ex superintendentes de valores y seguros (Hugo Lavados y Daniel Yarur), quienes ostentaron posteriormente sendos cargos en gerencias y directorios de conocidas instituciones bancarias. Los casos son demasiados como para enumerarlos en este artículo.
¿Puede acusarse a esta personas actualmente de corrupción? Legalmente no, aunque éticamente el cuestionamiento resulta obvio. Sin embargo, creo que el punto más peligroso se relaciona con que muchos de quienes acceden a estos puestos saben de antemano que su futuro depende del "trato" que den a sus fiscalizados, pues están concientes de que la estadía por el aparato público es sólo una pasantía en sus brillantes carreras. Piensan: el mañana está en el mundo privado, y por ello es conveniente "sembrar" contactos para un futuro ojalá promisorio.
Podemos con razón preguntarnos ¿aplicarán estos señores sus eximios criterios objetivos y técnicos cuando buscan proyectar sus carreras sobre la base de redes de contactos relacionadas con aquellos a quienes deben vigilar? ¿Se protege el interés público de los ciudadanos cuando los supuestos guardianes piensan en cómo "caer parados" en un directorio o una gerencia que antes jamás soñaron? Lo más preocupante es la desfachatez con que estos exfuncionarios públicos responden a tales cuestionamienos. Para ellos, el resultado de todo este proceso no es más que el reconocimiento de su experiencia y calidad técnica, puesta ahora al servicio de las empresas que anteriormente fiscalizaban. Quizás no se dan cuenta de que son invitados al mundo privado únicamente porque manejan información privilegiada y no por su supuesta excelencia técnica o profesional. No valen por lo que son ni lo que serán, sino por lo que ahora saben y que en un futuro puede no ser relevante.
Como dato interesante, puedo agregar que los presidentes norteamericanos tienen extrictamente prohibido desempeñar cargos públicos tras terminar su período, ni tampoco prestar servicios al estado. Sólo están facultados para relizar charlas y dedicarse a la docencia o a negocios no relacionados con el fisco. Seguramente muchas empresas estarían felices de contratarlos, dado que maneja más información que nadie en el mundo. Al menos nuestros técnicos debieran tener taxativamente prohibido desempeñarse por un lapso de tiempo en el mismo rubro que les tocó fiscalizar. De lo contrario, seguiremos viendo casos de destacados "gatos" asegurando su caída a costa de quienes pagamos sagradamente nuestras cuentas de servicios básicos.