Hace más de dos años, en mayo de 1998, para ser preciso, visualizábamos una dicotomía en el conglomerado de gobierno alrededor del proyecto económico heredado de la dictadura. Por un lado se encontraban aquellos partidarios de continuar con el régimen de libre mercado de inspiración neoliberal, abogando por profundizar el proceso modernizador ( léase privatizador) y por otro lado estaban los partidarios de un régimen económico social de mercado en donde al Estado le correspondiera un rol regulador y distribuidor, más acorde con los principios éticos planteados al momento de crearse la coalición democrática hacia fines de los ochenta.
En estos días el tema de las privatizaciones ha saltado a la palestra nuevamente. Y nuevamente las opiniones están divididas en la coalición de gobierno. Según Jorge Schaulsohn, el dilema de la Concertación reside en que administra un sistema económico que a la mayoría de sus integrantes no le gusta, que no se identifica con él.
En relación a la privatización de sanitarias, en mi opinión, hasta el momento no ha habido una explicación plausible que justifique las efectuadas por el gobierno anterior.
En el caso de Emos, no existía ningún motivo que se relacionara con ineficiencia o mal manejo, como se ha acostumbrado a estigmatizar indiscriminadamente a la administración de las empresas estatales. La razón, se argumentó, era que se debían efectuar importantes inversiones para modernizar el tratamiento de aguas y otras mejoras, gasto que el Estado no estaba dispuesto a hacer. No obstante, el inversor privado no ha demorado mucho en iniciar la recuperación de su dinero por la vía tarifaria, incluso antes de iniciar las inversiones comprometidas. En otras palabras, se produce un traspaso de capital desde los usuarios al sector privado. Claro que esta inversión pudo haberse financiado por la via tributaria, de esta manera la sociedad no hubiese perdido parte de su patrimonio, sin posibilidades de recuperación. Sin embargo, todo parece indicar que la filosofía que prevaleció e inspiró a las privatizaciones ocurridas en el último quinquenio de la dictadura está plenamente vigente, o al menos lo estuvo durante la administración Frei Ruiz-Tagle.
La consigna parece ser: "Alza
de impuestos, jamás. Alzas tarifarias, eso sí".
Desde luego, las primeras afectarían fundamentalmente al empresariado,
por lo tanto son "inaceptables". Las segundas afectan a la ciudadanía,
éso es más manejable.
Por otra parte, la presión del empresariado por acelerar el proceso privatizador ha sido constante. Es cuestión de hojear El Mercurio para darse cuenta.
El sector privado tiene un campo enorme de negocios que no necesariamente se circunscribe a los monopolios naturales. ¿Porqué tanta ansiedad entonces? ¿Estaremos en presencia aquí de la persecución de un poder que a la larga pueda poner de rodillas a todo un país y que transforme en el largo plazo al régimen democrático en una organización inoperante? Uno podrá decir que ésta es una idea maquiavélica y descabellada que tiene más de ficción que de realidad.
No obstante, si se entregan a los grupos económicos todos los monopolios naturales: la electricidad, el transporte urbano, el agua potable, etc, llegará el momento en que estarían en condiciones de controlar las funciones vitales de la nación, con lo que ya no estaríamos hablando de poderes fácticos sino más bien de poderes omnímodos.
Una de las características que se quiere destacar de la economía de libre mercado es su supuesto carácter competitivo que impide la creación de conglomerados de poder. Pero aquí estamos hablando de monopolios subastados por el Estado, que al momento de privatizarse quedan fuera del control político. Por lo menos, mientras los monopolios son estatales sus administradores están sujetos a la fiscalización de los representantes elegidos. Se habla de una legislación reguladora capaz de prevenir estas deformaciones, sin embargo, es sabido que el poder del dinero termina por imponerse y al final las regulaciones cuando salen lo hacen tarde, mal y nunca.
Una cosa es haber consensuado al inicio de la transición un orden económico basado principalmente en la iniciativa y la propiedad privadas y otra cosa es querer privatizarlo todo. Esto traslada el tema definitivamente al campo de la ideología.
Como todavía nos encontramos en esta "transición interminable", los gobiernos han estado demasiado ocupados en tratar de consolidarse y legitimarse a través de una gestión económica eficiente, sin mayor horizonte que el llegar al final de su período con cifras azules. De hecho, preocupa al Ministro de Hacienda que las arcas de inversión extranjera se encuentren casi vacías, pero no creo que estén dentro de sus preocupaciones ni el destino ni el efecto de las inversiones en el largo plazo. Queda la impresión que para los gobiernos de la Concertación éste se ha definido por un horizonte máximo de seis años.
De a poco va aflorando en el ambiente la sensación de que existe una velada extorsión por parte de las organizaciones empresariales cuando se aprecian renuentes a desarrollar esfuerzos para impulsar la reactivación económica y al mismo tiempo aparecen presionando por la pronta liquidación de los activos del Estado. El eufemismo utilizado para explicar su falta de cooperación es que las últimas iniciativas del gobierno en materias económicas, de orden tributarias o laborales, les causan "incertidumbre".
Las tribulaciones de nuestra transición quedan muy bien expresadas en las palabras de Adam Przeworski : "El problema estratégico de una transición estriba en conseguir la democracia sin morir en manos de quienes detentan las armas ni de hambre por obra de quienes controlan los recursos productivos".
Grupo Propolco