El Estado que Chile necesita

Por Max Larrain

A raíz de mi artículo de la semana pasada, recibí algunas críticas de personas ligadas a la Concertación y al oficialismo, sean ellas bienvenidas. Eso sí, me gustaría argumentar un poco más acerca del tema del Estado y las privatizaciones.

Debo confesarlo, soy fiel partidario de mantener para Chile un Estado fuerte y solvente. Esto nace, en parte, por mi pertenencia a una generación que se formó durante la vigencia de una institucionalidad laica y republicana que se incubó en Chile desde los años treinta y perduró hasta 1973. Por otra parte, pienso también, que no es posible cambiar totalmente dicha orientación porque, pese a la crítica neoliberal, ese Estado estuvo lejos de ser un proyecto fracasado sino más bien, por el contrario, contribuyó en gran medida a la modernización del país, no sólo en sus aspectos económicos sino que también en lo político mediante el desarrollo de la democracia y en lo social cuando salimos de la condición cuasi-feudal en las relaciones, especialmente en el ámbito agrario. Revertirlo totalmente, como lo pretenden los "revolucionarios de derecha e izquierda" significaría una pérdida de energía histórica. Creo que deben existir elementos de continuidad de manera de construir país a partir de los esfuerzos de generaciones anteriores; es mi lado conservador, en el buen sentido de la palabra.

Talvez uno de los logros más significativos de ese período fue la creación de una capacidad empresarial y productora del Estado a través de la Corfo. Estoy de acuerdo en que dicha capacidad ya no parece sostenible en el mundo moderno y globalizado de hoy (esto me suena a frase cliché de los románticos de la modernidad), pero tampoco estoy de acuerdo en reducirla a cero. Hay algunas razones. En primer lugar, está el hecho de que en Chile -a diferencia de Europa Occidental- nunca llegamos a desarrollar un estado de bienestar en propiedad, capaz de resolver los masivos problemas de salud, educación, previsión y sobre todo de pobreza como lo hicieron los europeos. Dudo que esta tarea se pueda realizar a partir del libre mercado que, como se sabe, no tiende a la distribución sino más bien a la concentración de la riqueza. Este país tiene el triste récord de ser uno de los peores en cuanto a la distribución de ingresos.

A menudo tendemos a olvidar que somos un país sub-desarrollado. Tenemos deficiencias de arrastre, sobre todo en el ámbito cultural y de pobreza material masiva. Esto no se soluciona por la mera vía del crecimiento de la producción. No se debe confundir crecimiento con desarrollo. La pobreza no se define en términos absolutos sino relativos. Se puede crecer sostenidamente, haciendo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, y en este sentido, tendríamos un desarrollo negativo con crecimiento económico.

Si el Estado se deshace de aquellas empresas que le generan ingresos y al mismo tiempo se cede a las presiones para mantener un régimen tributario bajo, no veo de donde se sacarán recursos para resolver estos grandes desafíos, al tiempo que veremos una profundización de la desigualdad.

Si bien es cierto que el sistema previsional estatal antiguo era ineficiente y caótico, no es menos cierto que el sistema privado actual tiene baja cobertura, como lo demuestran algunos estudios, sea por el bajo nivel de las cotizaciones (un alto porcentaje de trabajadores no tiene contratos) o por la intermitencia de los cotizantes (debido a la cesantía). En todo caso se habla de varios millones de personas que llegarán a su edad de jubilación sin una pensión mínima de subsistencia. Entonces el Estado tendrá que responder a la presión social, pero ¿Con qué?

Por otro lado, al reducir el Estado a una mínima expresión, como lo postula la doctrina mont-peleriana, las fuerzas políticas de centro e izquierda quedarán sin base de sustentación. La derecha tendrá siempre al empresariado.

La idea de controlar el libre mercado y las empresas privadas que se adjudican los monopolios naturales mediante una "regulación adecuada" parece impracticable, ya que estas empresas contarán siempre con sus aliados políticos que impedirán que se legisle en desmedro de la maximización de sus beneficios. Eso ya se vió en el caso de las eléctricas, cuando se discutió en el parlamento las compensaciones por fallas del servicio. Allí acudieron algunos senadores de derecha en su auxilio, quienes, por doctrina son contrarios a regular el mercado.

En relación a las inversiones públicas, alguien se preguntará: ¿ De dónde sacará recursos el Estado para invertir en la modernización de sus empresas?

Pues bien, en el caso de Emos -que generaba ganancias al momento de su privatización- se argumentó la necesidad de licitar e incorporar capitales privados para modernizar el tratamiento de aguas. Los inversionistas que se adjudicaron la empresa licitada no demoraron mucho tiempo en lograr el alza tarifaria, con vistas a cubrir las inversiones que se comprometieron a realizar en algunos años más. En otras palabras, son los usuarios los que finalmente financiarán dichas modernizaciones por la vía tarifaria. Es decir, se produce una transferencia de capitales desde los usuarios a los inversionistas. El Estado pudo haber financiado esto por la vía tributaria, manteniendo los activos que nos pertenecen a todos. Lo que pasa es que ni se le informa ni se le pregunta a la gente. Importantes decisiones, que afectan el patrimonio colectivo, se toman en conciliábulo entre las élites políticas y empresariales.

Ningún capitalista regala la plata, es lógico. Tarde o temprano se debe producir el retorno de sus inversiones. Nadie habla hoy de la deuda externa, pero esta sobrepasa los 35.000 millones de dólares, casi la mitad del PIB. Más del 80% es deuda privada, pero entiendo que el Estado la tiene que avalar. Aquí es donde encaja mi crítica hacia el cortoplacismo de los gobiernos concertacionistas, los que, repito, se han visto muy presionados por la derecha y los poderes fácticos.

Nos hemos tragado el "cuco" empresarial en el sentido de que si se aumentan los impuestos se desincentiva la inversión y por lo tanto disminuyen el empleo y el ingreso. Clinton lo hizo en 1993, incrementó los impuestos y no pasó nada de lo augurado por la derecha empresarial, al contrario, disminuyó la cesantía y pasaron del déficit al superávit fiscal. En Chile estamos muy lejos del nivel tributario de los países desarrollados. En macroeconomía existe la Curva de Laffer que relaciona estos parámetros. Nosotros nos encontramos muy a la izquierda de la curva aún.

Admito que deben haber empresas y actividades que el Estado puede descentralizar hacia los privados, pero esto se debe hacer con un criterio pragmático, analizando caso por caso, y no con un criterio ideológico.

El sistema de licitación de carreteras y puertos me parece aceptable. Mi crítica apunta más bien a los llamados "monopolios naturales", especialmente a la electricidad, gas, agua, comunicaciones.

Si bien no he pretendido comparar el modo de privatizar de la dictadura con la Concertación, hay ciertas similitudes, como el crear incentivos de capitalismo popular (participación) e indemnizaciones y garantías extraordinarias con el propósito de debilitar la resistencia de los trabajadores de las empresas a privatizar. Emos es un caso que conozco.

Soy partidario de reconstruir el sistema ferroviario estatal que incentive la competencia con el transporte rodoviario, verdaderos "gánsters" que chantajean al país.
También de una AFP estatal, como lo propuso Lagos en su campaña.

En cuanto a la Ley Laboral, reconozco que hago allí un "juicio al voleo", pero también en la práctica a la gente se le exige una semana laboral de 48 horas y se le despide de la noche a la mañana "por necesidades de la empresa", sin ningún tipo de consideración. Es la Ley hecha por José Piñera durante la dictadura, la cual, creo no ha sufrido mayores alteraciones. Y ya llevamos diez años de democracia.

En fin, no es ningún secreto que la Concertación está atravesada por dos concepciones de proyecto económico, el de libre mercado (privatizador) y el de economía social de mercado (de Estado fuerte, aunque no necesariamente grande). Creo que la tarea más importante que está por delante para la coalición es un debate intenso y abierto para unificar criterios y presentar un sólo proyecto consensuado. La derecha ya lo tiene: es el libre mercado irrestricto.

Noviembre 2.000