EN TORNO A LA MESA DE DIÁLOGO

Por Max Larrain

Si alguno pensó que la mesa de diálogo pudo haber sido un vehículo adecuado para extraer meaculpas y confesiones o bien para poner punto final al capítulo de las violaciones de los DDHH durante la dictadura, a estas alturas, creo que debería empezar a revisar esta idea. La mesa de diálogo puede ser recién el comienzo de una discusión seria sobre la materia. Este solo hecho le confiere una gran validez.

La pasada argumentación que se centraba, primero en negar la detención de las personas reclamadas, luego negar la existencia de detenidos desaparecidos, para ahora reconocer dicha realidad, pero que no se tiene información oficial, como asimismo que la violación a los DDHH no fue política de Estado, todo esto debiera superarse.

Es de esperar que esta instancia de diálogo sirva para dar término a esta especie de "resistencia dilatoria", que lo único que hace es prolongar una relación tortuosa entre fuerzas armadas y sociedad civil. La estrategia de "retirada en fuerza" aplicada por el General Pinochet desde que dejó el gobierno, tenía por finalidad diluir el conflicto en el tiempo, a la vez que aminoraba las bajas entre sus huestes. No obstante, si algo aparece claro hoy en día, es que el problema de los DDHH en nuestro país no es asunto que se arreglará por el mero paso del tiempo y el olvido.

Se trata del enfrentamiento de voluntades históricas, en el que la mayor persistencia proviene de aquellos que demandan justicia. Inútil será anteponer la seguridad a la justicia, porque fue precisamente esta fórmula, la de prioritar la seguridad nacional por sobre el derecho y la justicia, la que llevó a los agentes del Estado a cometer los delitos de lesa humanidad que centran el debate de estos dias y lo que obligó, en su oportunidad, a los gobernantes a dictar una inefectiva Ley de Amnistía, instrumento cuya legalidad y legitimidad son, al menos, discutibles. En suma, el bien común debe pasar por la justicia.

Intentar explicar la desaparición de miles de ciudadanos, las ejecuciones, encarcelamientos y torturas de otros tantos miles como procedimientos anómalos que escapaban al control de la autoridad, constituye un insulto a la razón y al sentido común. Bajo esas condiciones hipotéticas, no habría sido posible la gobernabilidad del país ni un sólo día.

Lo que se requiere, y lo que la ciudadanía espera, es un ejercicio de coraje moral para enfrentar la realidad y la verdad de la historia recién pasada, sin acudir a amañados empates morales o soslayando la inmensa desproporción de los medios empleados. Quienes creen haber actuado de buena fe, en un acto patriótico de salvación de Chile, no tendrían por qué temer a la justicia. A lo más se les podrá acusar de haber estado equivocados.

Distinto es amparar y hacer causa común con aquellos que se dejaron llevar por las bajas pasiones, para cometer actos reñidos con la ética y la legalidad, bajo la excusa del cumplimiento de órdenes. Ningún hombre de armas ha estado jamás obligado a cumplir órdenes que atenten en contra de sus principios morales y sus convicciones cristianas. El que lo haya hecho, tendrá que asumir las consecuencias, con la frente en alto, sin esperar escabullirse bajo el amparo corporativo.

Las instituciones armadas son dignas y permanentes, pertenecen a todos lo chilenos y se someten a ellos a través de las autoridades democráticamente elegidas. En ningún caso constituyen cofradías protectoras.

También queda de manifiesto que esta mesa de diálogo deberá tratar los temas de violaciones a los DDHH en su totalidad y no solamente el caso de los detenidos desaparecidos, por lo tanto sería legítima su ampliación a otras organizaciones de la sociedad civil que representan a ciudadanos afectados durante el gobierno militar, independientemente del sector desde donde provengan. Los familiares de miembros de las fuerzas armadas y de orden que sienten que sus derechos fueron quebrantados durante el régimen militar, no están impedidos para reclamar justicia y compensaciones por las mismas vias que lo han hecho las agrupaciones de izquierda, es decir, por la via judicial.

No hay razones para no creer en las buenas intenciones del ministro Pérez. Se le debe reconocer el valor que ha tenido para plantear y llevar a cabo esta iniciativa, con una agenda abierta y sin amarras de plazos. Será responsabilidad de las partes en conversación llevar este encuentro por el camino del entendimiento, la tolerancia y el respeto, pero sin perder de vista la justicia. Esto último es un elemento fundamental para impedir que esta mesa de diálogo se transforme en mesa de negociación. De aquí se entiende la sensata medida de no replicar públicamente las argumentaciones de la contraparte, al tiempo que se hacen públicas las ponencias de los participantes.

Independientemente de la contingencia política que vive el país, la mesa de diálogo debe tomarse todo el tiempo que sea necesario para conversar y proveer acercamiento, manteniendo informada a la ciudadanía, pero a la vez fuera del alcance del sensacionalismo mediático.

Septiembre de 1999