En la Europa de los años 70 y 80 la ciudadanía resistió, con éxito, la proliferación de la energía nuclear como fuente de producción de electricidad. Aparte de los aspectos de seguridad que fueron objetados, cuyos peores augurios se confirmaron con el desastre de Chernobyl, los pueblos europeos rechazaron la alternativa nuclear por el peligro que entrañaba para la democracia la concentración de la propiedad, en pocas manos, de un recurso vital y estratégico como es la energía eléctrica. Los resultados de las consultas populares llevadas a cabo en varios países, resultó en el rechazo a la extensión del uso de la energía nuclear como fuente generadora primaria.
En Chile, en cambio, la privatización o, mejor dicho, la venta de las principales eléctricas se decidió entre cuatro paredes y en las postrimerías del régimen militar, sin mediar consulta popular alguna.
Esta forma de imponer una modalidad de desarrollo - por decreto o mensaje- parece haber sido heredada por los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia.
De esta manera se fuerzan esquemas de desarrollo de enorme trascendencia, que comprometen a las generaciones presentes y futuras, sin la menor intención de recurrir a la consulta soberana o, por lo menos, al debate público informado.
La decisión inconsulta de privatizar la electricidad, ya dijimos, se hizo bajo un régimen dictatorial. Pero en la decisión de privatizar las sanitarias y los puertos, ¿Ha habido acaso un debate público? ¿Saben los chilenos de qué tratan las privatizaciones? ¿Qué ventajas y problemas ellas presentan? ¿Cual es su conveniencia o inconveniencia?
Estamos hablando de vender patrimonio que pertenece a todos los nacionales. Estoy seguro que el 99% de la ciudadanía no tiene idea del significado ni de las consecuencias de la entrega de servicios básicos, como las sanitarias, es decir, el agua de beber de los chilenos, a consorcios transnacionales. Dudo que sus representantes en el Congreso, salvo excepciones, sepan mucho más, aparte de las mayores o menores regulaciones que han de transarse con la oposición de derecha. Con toda probabilidad, para los parlamentarios oficialistas se trata de proyectos enviados por el Ejecutivo a los que disciplinadamente hay que apoyar, y para la oposición, su aprobación constituye un deber ideológico.
El Gobierno, por su parte, intenta dar cumplimiento a los acuerdos del consenso de Washington , conocido como la agenda neoliberal, en la que priman las privatizaciones en favor del capital transnacionalizado de los países desarrollados, y en donde a España, al parecer, le correspondió la región sudamericana (teléfonos, eléctricas y probablemente también sanitarias). Otro acuerdo de este consenso de Washington(1) fue el de centrar las economías en el parámetro económico "talismán" : la inflación. Otros parámetros, algunos de consecuencias sociales desastrosas, como el desempleo, son considerados "costos aceptables del modelo". De la deuda externa hoy nadie se acuerda : en Chile alcanza ya a más de 32 mil millones de dólares, casi el 50% del PIB.
Hasta ahora se han escuchado ( por pocos oídos atentos), dos argumentos en pro de las privatizaciones. Ambos tienen base ideológica.
El primero dice que el Estado no posee los medios económicos para llevar a cabo las modernizaciones que el desarrollo exige y que, por lo tanto, hay que recurrir al capital privado.
El segundo argumento plantea que la privatización total de la actividad económica obedece a la necesidad de arrebatar del Estado un poder económico que no tiene porqué ejercer, so peligro de coartar la libertad de las personas al hacer uso "político" de este poder.
El primer argumento es inexacto, puesto que el Estado tiene múltiples formas de financiar proyectos de desarrollo, una de ellas -lo dijo un pre-candidato- mediante la emisión de bonos. Pero también está el recurso del impuesto. ¿Porqué nó? Chile sigue siendo un paraíso fiscal comparado con muchos países desarrollados y en desarrollo. El argumento de la incompatibilidad entre tributación e inversión no resiste un estudio comparado serio. Empíricamente no es posible demostrar esta antinomia. Por ejemplo, el alza tributaria implementada por el Presidente Clinton en 1993, repudiada por el neoliberalismo, obtuvo como resultado un impulso a la actividad económica de Estados Unidos, medida que ha permitido a ese país mantenerse prácticamente inmune a la crisis de la economía global iniciada en Asia..
El segundo argumento no sólo es inexacto, sino además falaz. La propiedad estatal de empresas que proveen servicios básicos y que además constituyen monopolios naturales, encuentra su justificación precisamente en la necesidad de la existencia de un ente capaz de proteger el interés común. En este caso el Estado, el que a su vez debe estar sujeto al control democrático de la ciudadanía. De manera que la propiedad estatal de las empresas que proveen estos servicios está lejos de poner en juego la libertad de las personas, como se afirma.
Es, en cambio, el poder económico privado el que hoy en día pone en jaque a la masa consumidora de electricidad.
Ciertamente, el apagón del domingo 30 de mayo, día de las primarias de la Concertación, tiene carácter de "sospechoso", como eufemísticamente lo refirió el Ministro del Interior. Hasta ahora no ha habido una explicación satisfactoria de las causas del incidente por parte de las empresas eléctricas.
Se comprenderá, entonces, el tremendo poder que se entrega a estos consorcios, si, además de la electricidad, se apropian del agua.
Podrá argumentarse que una regulación adecuada puede mantener estos megapoderes bajo control. Sin embargo, estamos viendo que estas multinacionales cuentan con aliados políticos que velan por sus intereses en el seno mismo de la entidad encargada de establecer las reglas. En último término, la intención reguladora acaba por transformarse en un tira y afloja por los montos de las multas y eventuales indemnizaciones, dejando en muchos casos, abiertas las posibilidades para que estos poderes económicos recurran a otras instancias legales y así revertir fallos adversos.
De lo que podemos estar seguros es que, la concentración de la propiedad de servicios básicos que constituyen monopolios naturales, en manos de grupos económicos poderosos, puede significar una seria amenaza a la gobernabilidad y al ejercicio destrabado de la democracia. Es la señal que nos deja el inexplicable apagón del 30 de mayo recién pasado.
junio de 1999