Decíamos hace poco que el neoliberalismo ha hecho perder el sentido común de las cosas. Hay que recuperarlo y señales alentadoras llegan. Afortunadamente en países de más extensa y genuína tradición democrática y que conocieron también horrorosas dictaduras, el correcto sentido común se sigue imponiendo. Por eso, pretender juzgar a un responsable intelectual de numerosos crímenes es, aparte de un imperativo moral, un hecho político trascendente desde ya, otorgado por su significación aunque no lo sea por su resultado.
El jefe del Estado chileno se apresuró en decir: "los chilenos deben ser juzgados por tribunales chilenos y en Chile". Ese es exactamente el problema; algunos chilenos no pueden ser juzgados en nuestro país! Triste papel el adoptado por la Concertación en la gerencia del estado chileno. Hicieron suyo el modelo económico neoliberal de la dictadura y juraron comportarse buenamente dentro del encorsetado marco constitucional hábilmente urdido por Pinochet. Se aceptaron tantas cosas para volver a creer que podríamos vivir en una democracia y hemos sólo actuado en una parodia de ésta. Ya conocimos la capacidad de juzgar que existe en Chile cuando por razones de estado, el mismo Sr. Presidente, pidió al Consejo de Defensa del Estado no continuar el proceso en contra del hijo del senador vitalicio en el mentado caso "pinocheques".
El problema de fondo que surge es saber hasta que punto las ansias de recuperar espacios de libertad y de convivencia democrática hicieron que la concertación y la gran mayoría de este país, estuviese y esté dispuesta a "transar" con los detentores del Poder, cuya imagen paradigmática es el capitán general.
No solamente se estuvo por bendecir una constitución espuria, para comenzar a vivir una democracia política funcional al modelo económico en perfecta consonancia con los postulados neoliberales. Conocimos los "ejercicios de enlace" y "boinazos". Siempre transar, negociar, recular frente a la figura paternal que nos podría castigar, intentando convivir inventando mil y unas argumentaciones para evitar algún punto de quiebre.
Así, cuando se consumó la asunción del capitán general a senador vitalicio y se intentó enjuiciarlo políticamente, mediante una acusación constitucional incoada en el congreso nacional, aparecieron los sempiternos componedores para evitar la posibilidad de que fuese siquiera enjuiciado. Así también el episodio actual ha servido para ratificar como la administración Frei, para seguir navegando sin mayores turbulencias y quizás también por razones de Estado, le asigna al mismo personaje, una misión oficial a nombre del gobierno de Chile acreditándolo como embajador plenipotenciario.
Cabe preguntarnos, que nos queda exactamente en Chile como ejercicio de democracia, de gobierno de la mayoría con respeto a la minoría. Procesos electorales con cierta periodicidad, aunque distorsionados por el sistema binominal, libertad de expresión, aunque con la propiedad de los medios altamente concentrada en manos políticamente bien determinadas, etc.
No es fácil entender en otros lares esta peculiar transición a la democracia donde después de ocho años, aún está lejos la posibilidad de que detenten el poder las mayorías. En aras de un futuro e hipotético ejercicio democrático pleno, siempre se está dispuesto a hipotecar la decencia y la lealtad con los principios políticos que se proclamaban y con las silentes víctimas, que parecen no merecer la invocación de razones de estado para hacerles justicia.
Enrique Fernández M Magíster (c) en Ciencia Política Universidad de Chile