El reciente y aún no superado episodio de la acusación constitucional, ha dejado en evidencia algunos de los temores y miedos patológicos más profundos de nuestra sociedad y –especialmente- de buena parte de la clase política chilena.
Se ha vuelto un lugar común considerar a la transición chilena como un proceso exitoso y único en todo el mundo, donde se ha respetado el marco constitucional y se ha logrado un consenso en cuanto a democracia y altos índices de crecimiento económico. Incluso se ha dicho que constituye un modelo para todo el continente. De tanto escuchar y proferir tales halagos, importantes políticos de gobierno y la Concertación han perdido la cuenta de las numerosas trabas y dificultades que enfrenta nuestra incipiente democracia, y han terminado por llenarse de loas y alabanzas (generalmente autoproferidas).
En primer lugar, no es cierto que los gobiernos democráticos siempre tuvieron el control sobre los mandos castrenses. Todo el mundo sabe que cuando se entregó el gobierno al presidente Aylwin, éste no tenía y nunca tuvo los medios como para mantener la tutela sobre las fuerzas armadas sin el consentimiento de las mismas. Esto era parte de la transición y tácitamente se acepto así. Es ridículo sostener que el presidente controlaba la situación, sólo porque al final los resultados no fueron negativos. Nunca los resultados pueden explicar y justificar todas las acciones anteriores. Obviamente el gobierno de Aylwin tuvo que ceder en el caso del "ejercicio de enlace" (cerrando el tema de los cheques) y del "boinazo". No se transformaron en acciones mayores, porque Pinochet logró los efectos deseados. En definitiva, no era necesario –desde un punto de vista táctico- infundir más temor del ya infringido. Pero que tales acciones no hayan pasado a mayores no significa -en absoluto- un triunfo del gobierno, sino que una comprensible transacción política ante la amenaza del uso las armas. En ese momento se entendió así, y justamente no se enjuició públicamente al gobierno porque este se encontraba atado de pies y manos.
Es duro admitir que se debió ceder políticamente ante el poder militar, pero la verdad es que fue así y quizás en ese momento no había otra opción. Lo que es inaceptable –desde todo punto de vista- es que hoy se sostenga –sin siquiera sonrojarse- que el gobierno siempre tuvo el control de la situación, que nada se salió del marco constitucional, y que, finalmente, el poder civil salió fortalecido. Esto es claramente una falsedad inaceptable y una burla al sentido común de la mayoría de los chilenos. Quizás jurídicamente y por una interpretación del lenguaje esto no signifique "poner en peligro el honor y la seguridad de la nación", pero todos sabemos que hubo presión ilegítima y no es denigrante aceptarlo. Hay temas en Chile que no se pueden tocar públicamente, pues de inmediato la sola "amenaza del temor" termina por acallarlos.
No sería más saludable reconocer las limitaciones de nuestra transición; que admitiéramos que aún debemos luchar contra nuestro miedo ante los poderes fácticos y los movimientos de tropas. Los alcohólicos lo saben muy bien: el primer paso de la recuperación es admitir la debilidad, no esconderla. No podremos superar el autoritarismo hasta no decir la verdad y admitirla públicamente.
Acudir al llamado de la "Razón de Estado" cada vez que queremos enfrentar nuestro pasado, no es más que la actitud de quien barre la casa y esconde la mugre bajo la alfombra para aparentar limpieza y progreso ante el mundo. Al final, tarde o temprano, la podredumbre aflora y pone al descubierto las llagas de la historia.
Grupo Propolco