NEOLIBERALISMO/DEMOCRACIA : ¿NUEVO EJE DE LA POLÍTICA?

En torno al documento "La Fuerza de Nuestras Ideas"

por Horacio Max Larraín

El escrito recientemente emitido por un grupo de personalidades asociadas a la Concertación de "Partidos por la Democracia" contiene una serie de reflexiones y aserciones, muchas de las cuales no se pueden desconocer. Una de ellas, a mi juicio la más importante, es el reconocimiento de la existencia de un malestar extendido, una suerte de "malaise", que abarca a vastos sectores de la población y que se asocia a la insatisfacción de expectativas. En lo que estoy en desacuerdo es en el diagnóstico sociológico sobre las causas que ocasionarían dicho malestar.

Con el plebiscito de 1988 y la elección presidencial de 1989 lo que efectivamente se recuperó fueron las libertades conculcadas durante el régimen del general Pinochet.

Estas libertades constituyeron la condición sine qua non para el posterior desarrollo de la Democracia, o si se quiere, para la recuperación cabal de la Democracia. El régimen democrático inicial, si bien es cierto constituyó un gran avance con respecto al régimen dictatorial saliente, estaba distante aún de la Democracia como la conoció el país durante la vigencia de la Constitución de 1925, violentada en septiembre de 1973. La tarea quedó pendiente, y serían los gobiernos de la Concertación los que se encargarían de profundizarla, al menos así lo expresaron las bases programáticas de ambos gobiernos. Sin embargo, aparentemente obnubilados por el deseo de consolidar las libertades ganadas sin herir susceptibilidades, los gobiernos concertacionistas se abocaron fundamentalmente a la tarea de impulsar el desarrollo económico bajo las premisas del capitalismo neoliberal -herencia de la dictadura- una doctrina mercadista autoproclamada paladín de una modernización entendida ésta como sinónimo de privatización y "jibarización" del Estado.

De esta manera el desarrollo político, es decir, la profundización de la Democracia, quedó postergada, sea porque las mismas estructuras heredadas de la dictadura impidieron el progreso de cualquier iniciativa en esa dirección; sea porque la voluntad política quedó debilitada por las primeras resistencias de una oposición adversa a la democratización; sea tal vez por el temor de los gobiernos a no poder controlar el desarrollo político, entendido como una mejor representación y mayor participación de la gente, con el consiguiente riesgo de derivar en políticas populistas. Como quiera que haya sido, lo concreto es que, a casi una década desde la primera propuesta programática, no ha sido posible aún para los gobiernos de la Concertación de "Partidos por la Democracia" cumplir con el compromiso de darle al país una mayor y mejor democracia.

Nadie puede desconocer los logros que en materia económica, medidos sobre cifras macro, han alcanzado los gobiernos en la presente década. En esta área la conducción concertacionista ha armonizado muy bien con las aspiraciones de la oposición de derecha; aquí el consenso ha sido la tónica, con matices en cuanto al ritmo de la modernización del Estado (léase privatizaciones). Pero esto es sólo un asunto de tiempo, porque a juzgar por el escrito que se analiza, la voluntad política, al menos por parte de las personalidades que lo suscriben, apunta a la profundización de las privatizaciones, probablemente a la luz de una filosofía que sólo ve virtudes en la propiedad privada y vicios en la gestión estatal, acorde a una concepción neoliberal de un Estado depurado.

No se puede decir lo mismo respecto a otras áreas del quehacer nacional, en las que el ansiado consenso ha sido más díscolo, como en el área social, en donde oposición y gobierno parecen haber coincidido sólo en las políticas de erradicación de la extrema pobreza, pero no ha sido posible, por ejemplo, introducir una nueva legislación laboral, que humanice las relaciones trabajador-empleador, debido al veto de la oposición de derecha en el Senado, cuya representación no alcanza ni siquiera al 25% de la voluntad del electorado. Es por aquí que se debe buscar la explicación al malestar y la inseguridad entre los chilenos a que hace referencia el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y no mediante elucubraciones sociológicas sobre supuestos "efectos subjetivos" causados por la "modernidad", como lo afirman los autores del documento.

En el sector salud, pese a los ingentes recursos destinados ( en términos porcentuales del PIB, inferiores a 1970-71 en todo caso), los resultados no parecen estar a la vista. Está claro que el punto de partida referencial, es decir, el estado del sector al momento del cambio de régimen, era muy bajo. También pudo haber problemas en el manejo eficaz de los recursos. Pero lo que subyace como causa de fondo debe buscarse en la indefinición respecto al tipo de sistema de salud que se quiere y al énfasis que se desea dar al subsistema público con respecto al subsistema privado. Aquí el mítico consenso que se ha buscado con la oposición ha devenido en un sistema híbrido e ineficiente.

Una disyuntiva parecida se ha presentado en la Educación. La búsqueda permanente de consenso con una oposición minoritaria ha generado un nuevo híbrido de una naturaleza difícil de clasificar. ¿Es la Educación en Chile pública estatal? ¿Pública privada? ¿Es un vehículo para la promoción de la capacitación y la cultura? o ¿Es un negocio lucrativo? ¿Es equitativa? ¿Es discriminatoria?

El documento llama a centrar la atención en el progreso social logrado, pero más adelante reconoce las insuficiencias en cuanto a la equidad, las bajas remuneraciones promedio en el mercado laboral y las brechas de ingreso, aún demasiado grandes. En general hay una tendencia a reconocer las inequidades en cuanto a las oportunidades educacionales, la atención de salud, el acceso a la justicia y la calidad de vida, pero contradictoriamente se rechaza la autocrítica que apunta precisamente hacia esas debilidades. Según El Mercurio (domingo 17 de mayo, página D15), los autores consideran a sectores de la Concertación "afectados por una fuerte carga utópica, que añora una sociedad fraterna y humana", que no corresponde al país real y lo que hay que hacer es progresar en este contexto real. No obstante, parecen abrazar la utopía neoliberal al declararse partidarios sin vacilaciones de una moderna economía de mercado, "con sentido social y respetuosa de los equilibrios ecológicos", una economía donde los mercados sean "transparentes y competitivos". Si no puedes contra ellos, únete a ellos, parece ser la máxima.

Para Giovanni Sartori, la democracia, aparte de ser un sistema político y un principio de legitimidad, es ante todo un ideal, una utopía, si se quiere; pero es precisamente esta tensión entre la realidad y la utopía la que hace perfectible a la democracia. El "Chile que ya no existe más", cuya añoranza "está en la base de la crisis de representación que experimenta la política", según los autores del documento, es precisamente el Chile de la utopía democrática, donde la fraternidad y el pleno desarrollo de los valores humanos sean posibles, el Chile de las grandes alamedas, por contraste con el "Chile real" estrecho y mezquino del neoliberalismo y su "democracia limitada", democracia hayekiana que está en la base del proyecto fundacional del régimen militar.

Colocar los cambios desde una democracia limitada a una democracia plena en el contexto de un consenso institucional de alcance nacional, como lo proponen los autores, es repetir la fórmula que ya ha sido rechazada por la oposición de derecha, para quienes una mayor democratización es innecesaria como asimismo cualquier cambio a una institucionalidad que, según estos, "ha funcionado perfectamente bien hasta ahora".

La proposición de un cambio institucional consensuado de muy baja viabilidad, por temor al riesgo de generar un ambiente de confrontación, es sintomático de una sociedad que vive bajo la espada de Damocles, y no de "una sociedad que dejó de estar dividida", como se afirma. El ejercicio de la democracia presupone la confrontación y el conflicto, dentro de cauces institucionales, como una forma de producir el cambio y generar dinámica. Un proceso electoral constituye un conflicto regulado, en el que los actores adoptan posiciones plenamente identificables respecto a las de sus oponentes y las defienden en el plano doctrinario y práctico. Esto no tiene porqué poner en riesgo la estabilidad de la democracia, a no ser que se trate de una "democracia" de legitimidad precaria y por lo tanto con inestabilidad inherente.

Centrar el programa de la Concertación III en un proyecto-país basado en el crecimiento económico, es prácticamente ofrecer más de lo mismo. A juzgar por los resultados de las elecciones parlamentarias pasadas , en que la base de apoyo a la Concertación se vio mermada, el electorado no ha compartido plenamente la visión positiva de los que suscriben el documento. Esto sin contar al millón doscientos mil electores que se dieron la molestia de ir a las urnas para votar nulo o en blanco, fenómeno que merece una reflexión mucho más profunda que una explicación sociológica subjetivista. La gente percibe que el precio a pagar por su incorporación a la "modernidad" es muy alto. Hay sectores, como los jubilados y montepiadas, que resienten la diferencia que se origina entre el discurso oficial exitista y el aumento real de sus ingresos.

Lo que aparece central, lo grueso del mensaje contenido en el documento, es la proposición de mantener firmemente el modelo de desarrollo neoliberal, con vistas a crecer durante los próximos 10 años al menos al mismo ritmo de la década de los 90, acompañado, desde luego, de mayores privatizaciones. Y esto es lo más factible de lograr, ya que representa también el proyecto de la oposición de derecha. Sin embargo, este modelo de desarrollo económico debe ir acompañado por su respectivo modelo político : la democracia limitada. De lo contrario no funciona, dado que el flujo de las demandas puede desbordar la capacidad de respuesta del modelo, orientado fundamentalmente a maximizar la rentabilidad del capital transnacionalizado. Este modelo de desarrollo económico neoliberal, basado en la superexplotación del recurso natural y del recurso humano, encuentra su mejor caldo de cultivo en un régimen político autoritario, o a lo más en un régimen democrático restringido, como el que se vive en Chile, el que otorga plenas garantías a la libertad de acción de un homo economicus que supuestamente toma decisiones racionales y al mismo tiempo restringe la acción de un homo politicus, supuestamente irracional y manejable.

Acerca del resto de la propuesta , referido a una mayor equidad social, profundización de la democracia y ampliación de la participación, mejores oportunidades educacionales, una ley laboral justa, modernización de la gestión estatal, etc. no hay nada que no haya sido antes planteado en las propuestas programáticas de la Concertación I y II, con los resultados que ya conocemos.

A juzgar por el contenido del documento que analizamos, es posible detectar el nacimiento de un nuevo alineamiento en el espectro de la política nacional, hasta ahora caracterizado por el eje izquierda/derecha. Por un lado están los continuistas que visualizan un proyecto país basado fundamentalmente en la aplicación firme del modelo de desarrollo vigente: el capitalismo neoliberal, y por el otro lado aquellos que propician un proyecto de desarrollo integral que sitúe a la Democracia como centro motor, bajo esquemas de economias social de mercado alternativos, capaces de contrarrrestar los efectos depredadores del mercadismo neoliberal

El documento, si bien tiene la categoría que le otorga la prominencia de las personalidades concertacionistas que lo suscribieron, su validez también debe apreciarse en virtud del gran número de personeros de la misma coalición que no lo hicieron. Esta dicotomía, entre un sector que hace suyo el proyecto económico heredado de la dictadura y otro sector que cuestiona los efectos nocivos de este proyecto, tanto en el campo económico como en el campo político y el campo social, representa un quiebre serio en una alianza que se forjó bajo una misma bandera : la recuperación de la Democracia plena para Chile.

Horacio Max Larrain Landaeta
Magister (c) en Ciencia Política
GRUPO PROPOLCO