por Max Larrain (18/07/04)
Se trata de un vocablo relativamente nuevo en el léxico político chileno. De hecho, creo que no existe todavía una palabra castellana que denote exactamente su significado: presión política, sería una aproximación.
En idioma inglés el asunto es más claro: lobby es un salón a la entrada de un hotel. En el Parlamento Británico, lobby es una sala donde los miembros del parlamento (MPs) reciben a sus visitantes que desean expresar una inquietud o petición a su representante. También los ingleses denominan lobby a los pasillos que llevan al recinto de sesiones. Podemos decir, por asociación, que se trata de una actividad muy propia del sistema político anglo-sajón. Desde luego, en Estados Unidos el lobby es parte de la cultura política de esa nación y, a diferencia del caso chileno, está institucionalizado y bien reglamentado.
Sucede que en el régimen político anglo-sajón, sea este parlamentario como el inglés o presidencial como en Estados Unidos, los representantes juegan un rol un tanto diferente a los diputados o senadores del Congreso chileno. En los primeros, la función de los parlamentarios se orienta fundamentalmente a la satisfacción de los requerimientos de los electores (constituency) de sus respectivos distritos, intentando promover y aprobar leyes de efectos más bien locales. Mientras que en el régimen chileno, de origen francés (roussoniano), el representante tiene una función legislativa de carácter nacional y, por lo tanto su tarea principal se orienta a la elaboración de leyes de alcance más general.
En todo caso, el lobby en Chile ha estado funcionando desde hace tiempo, como parte del quehacer de los grupos de interés y de los grupos de presión.
Lo que puede ser novedoso en nuestro país, es el carácter profesionalizado del lobby, esto es, la emergencia de especialistas que, por mandato y de forma remunerada, ejercen la tarea de influir en los legisladores para que voten a favor o en contra de proyectos de ley con el único fin de favorecer al mandante.
Esta forma de interferir en la libre decisión de los legisladores presenta por lo menos dos aberraciones: en primer lugar, agrava la ya existente asimetría en el acceso y en la capacidad de influencia en favor de los sectores económicamente más poderosos, muchas veces en desmedro del interés del ciudadano común y corriente. En segundo lugar, tienden a oscurecer más bien que a transparentar la acción legislativa.
Quienes ven el lobby como una manera útil de informar al legislador, olvidan lo intrínsecamente sesgada y tendenciosa que esta actividad puede llegar a ser. Por lo demás, los parlamentarios cuentan con toda una infraestructura reglamentada de información al interior de su corporación y pueden solicitar el concurso de especialistas para este efecto, sea como requerimiento individual o colectivo, a través del trabajo en comisiones.
Lo que los representantes chilenos requieren es información objetiva e imparcial para cumplir su función de la manera más transparente posible.
Talvez lo que Chile necesita no es una legislación para regular el lobby
profesional, sino simplemente una para limitarlo. Esta práctica, de reciente
importación, parece no corresponder a nuestra idiosincrasia ni a nuestra
cultura política.
El lobby profesionalizado constituye una deformación del ejercicio democrático
ya que, en la práctica, relativiza la única forma limpia y legítima
de ejercer influencia sobre nuestros representantes: el voto ciudadano.
Con toda probabilidad, el carácter de urgencia que el Ejecutivo ha dado a la tramitación del royalty obedece a la pasmosa rapidez con que ha ido cambiando la correlación de fuerza en ambas cámaras respecto a esta ley, sin duda gracias a la acción del lobby profesional.
Julio 2004