por Max Larrain
Las diferencias que han tenido los gobiernos de Argentina y Chile en las definiciones,
responsabilidades y alcances del suministro de gas natural por parte de nuestro
vecino puede ser una magnífica oportunidad para el análisis académico
de dos de los paradigmas centrales en las relaciones internacionales del mundo
globalizado actual.
Nos referimos a las visiones (neo)-realista y (neo)-liberal. Según la
primera, el estado-nación se desenvuelve como una unidad soberana y homogénea
en la búsqueda del interés nacional, en un mundo caracterizado
por la anarquía internacional. De acuerdo a la segunda visión,
los estados se relacionan de manera cooperativa, en un ámbito de interdependencia
en donde la institucionalidad internacional juega un rol importante.
Por un lado tenemos al gobierno de Néstor Kirchner, empeñado en ampliar su base de legitimidad en medio de una crisis energética que amenaza con estrangular la economía transandina precisamente en el momento en que aparecían las primeras señales de una recuperación económica. No puede extrañar, entonces, que el gobernante haya declarado la primacía de su legislación interna por sobre el protocolo de integración de 1995 y, consecuentemente, haya optado por dar prioridad a su propio país en el suministro de gas natural, en lugar de cumplir los compromisos internacionales. En este caso Kirchner se comporta de acuerdo a los preceptos realistas.
Por otro lado, el gobierno de Ricardo Lagos parece haber visto en las medidas de su contraparte no solo el incumplimiento del protocolo de 1995 sino también el rompimiento de la ortodoxia neoliberal del libre mercado: el gobierno argentino ha cometido “el pecado” de intervenir en el libre juego del mercado mediante la fijación del precio interno del recurso. De cualquier manera, el gobierno de Kichner habría perdido credibilidad internacional, según la perspectiva liberal del gobierno chileno.
El gobernante trasandino asegura que el problema es entre las empresas privadas argentinas que proveen y las empresas privadas chilenas que compran y, por lo tanto, los gobiernos serían meros observadores en esta disputa.
Debemos recordar, que los acuerdos energéticos fueron firmados durante las administraciones de Carlos Menem y Eduardo Frei. Lo común a esos gobiernos fue su visión neo-liberal de las relaciones internacionales y su adherencia ideológica a las premisas del libremercadismo, que abomina de la ingerencia estatal aún en áreas en que la seguridad energética se encuentra en juego. De modo que, la explicación a la situación actual pasa por confirmar un hecho de suyo muy natural para el neoliberalismo: la presente crisis es producto de la insuficiente inversión privada en la infraestructura de producción del gas natural.
Sin duda que no hubo una adecuada preocupación por parte del gobierno argentino de asegurar el abastecimiento de energía mediante incentivo a la inversión privada o, simplemente, a través de la inversión estatal, como tampoco hubo mayor preocupación por parte del gobierno chileno en desarrollar una actividad de inteligencia político-estratégica capaz de predecir los escenarios futuros con cierto grado de precisión. La filosofía mercadista entregaba los elementos de juicio necesarios: el precio del recurso era conveniente y tornaban las inversiones rentables, y con eso bastaba. Consideraciones de otra naturaleza no parecen estar en el ámbito del nuevo estado subsidiario.
La propuesta gubernamental de legislar sobre la creación de una entidad de inteligencia nacional que incluya la inteligencia político-estratégica, ha permanecido dormida en el Congreso por cerca de ocho años pero, al parecer, la discusión ha sido retomada por el legislativo, probablemente como consecuencia de la presente crisis.
Sin embargo, lo que está en el fondo del problema, es el hecho de que se ha soslayado la importancia de la seguridad energética, aspecto relevante de la seguridad nacional, estableciéndose la política de energía como política de gobierno en lugar de transformarse en política de estado, de largo plazo, en donde la inversión estatal se hace imperativa.
La solución de importar gas natural licuado desde el Oriente, además de ser un arreglo más caro, que escasamente interesará al inversor privado, aleja más a Chile de los mercados naturales de la región.
La conclusión que se puede sacar de toda esta situación es que la seguridad energética dejada en manos de la empresa privada presenta vulnerabilidades insalvables, como quedó demostrado también en las crisis eléctricas de hace algunos años. Pero además deja en evidencia la falta de un sistema de inteligencia político-estratégico de carácter civil capaz de asesorar eficaz y oportunamente al liderazgo político en la toma de decisiones.
Mayo 2004