por Max Larrain
Tal como algunos ríos del Norte de Chile, hay temas del debate político que suelen ser intermitentes: asoman de cuando en cuando. Uno de ellos es el de las reformas constitucionales.
En estos días, parece haber acuerdo entre las cúpulas de oposición y de Gobierno en dar un corte final a las llamadas reformas constitucionales “duras”. El interés por parte del oficialismo se remonta a los inicios de la restauración de la democracia en 1990. Se trata de materias que quedaron pendientes en nuestra “transición pactada”. En aquella oportunidad la derecha liberal no pudo cumplir con su promesa de apoyar los cambios necesarios para dotar al país de una constitución consensuada. La UDI, apoyada por su quinta columna dentro de Renovación Nacional, ha impedido cualquier intento por desmantelar el proyecto fundacional del régimen militar y de esta manera concluir con una transición política que se prolonga por casi tres lustros.
Sin embargo, el tiempo es un gran allanador de obstáculos, como también lo es la zanahoria del poder. Hoy, la derecha conservadora está dispuesta a revisar su postura en vista del debate electoral que se aproxima. No quiere aparecer ante la ciudadanía como renuente a dar los pasos necesarios para mejorar nuestra circunscrita democracia, aspecto que podría menguar sus codiciados votos, si es que el Gobierno decide poner en el debate público estos temas.
Como se dice en jerga política, “hay agua en la piscina” para dar curso a las negociaciones para acometer la mayor parte de las reformas que la Concertación, con mayor o menor pasión, ha anhelado en los últimos 15 años: el término de los senadores designados y vitalicios, el fin de la inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las FF.AA y del General Director de Carabineros, el traspaso de los servicios de seguridad interior, Carabineros e Investigaciones, desde el Ministerio de Defensa a una autoridad a cargo de la seguridad ciudadana y, finalmente, la constitución del Consejo de Seguridad Nacional solamente como órgano asesor, vedado de adoptar acuerdos o de autoconvocarse como ocurre bajo la normativa vigente.
Queda fuera de este paquete de reformas el cambio del sistema electoral binominal.
Ahora, uno se puede preguntar por qué ocurre esto así. Puede haber varias explicaciones. Pero antes, debemos decir que el sistema binominal es uno de los tres sistemas contemplado en nuestra legislación electoral y se emplea solamente para la elección de los parlamentarios. La elección presidencial es uninominal con segunda vuelta, la de concejales es un sistema proporcional corregido y los alcaldes se rigen por la modalidad uninominal.
Los que argumentan a favor del binominalismo dicen que el sistema provee de estabilidad al régimen político y que evita la fragmentación de las corrientes partidistas. Si bien esto es cierto, el problema es que se trata de una estabilidad forzada que impide a la diversidad de opiniones encontrar sus cauces de representatividad. Por ello no es de extrañar la gran cantidad de votos nulos, en blanco y la escasa concurrencia que experimentó la elección parlamentaria pasada, de apenas un 50%. Esto no puede conducir más que al desinterés por la política, una anomia que terminará por destruir la legitimidad de nuestra democracia y, consecuentemente, su propia estabilidad.
El poco interés de la elite política por erradicar el sistema binominal tiene que ver con su aversión al riesgo y a la incertidumbre, que son elementos inherentes a un régimen democrático competitivo. La elite prefiere mantener una cuota de poder cierta, aunque compartida. En la práctica, no existe elección de los representantes, lo que hay es nominación por parte de los partidos políticos tradicionales, situación que se negocia entre sus respectivas cúpulas meses antes de cada elección. Se sabe, con bastante anticipación, quienes serán elegidos en tal o cual distrito o circunscripción.
Lo curioso es que este mismo procedimiento de negociación, que creemos ligado únicamente al sistema binominal, también está siendo aplicado por los partidos políticos a las elecciones de los gobiernos locales ¿Existe acaso la obligación legal de ir en pacto para las elecciones municipales? O ¿solo es un acto reflejo de una clase política que prefiere zanjar el conflicto del poder mediante negociaciones entre cuatro paredes, al margen del electorado?
La verdad es que la legislación vigente sobre elecciones municipales no obliga a los candidatos a ser presentados por pactos(*). Sin embargo, los partidos políticos continúan actuando en bloques electorales, lo que demuestra la poderosa influencia que ejerce el régimen electoral parlamentario. Se podría hablar de una “binominalización” del juego político. Un juego que resulta cada vez más excluyente.
Si la elección de nuestros representantes, tanto a nivel nacional como local, sigue tales procedimientos, entonces significa que nuestra democracia está mucho más alejada de la poliarquía que describe Robert Dahl (**) y, por lo tanto, mucho más cercana a las hegemonías cerradas de lo que comúnmente se piensa.
Esto quiere decir que las elecciones libres, secretas e informadas como la principal institución que caracteriza a nuestro sistema democrático, también estaría en tela de juicio.
La voluntad política para proceder a las reformas “duras” de la actual Constitución, sin duda, constituye un paso muy importante para salir de esta especie de semi-democracia, pero dejar fuera de éstas al perverso sistema binominal es un claro indicio de lo mucho que aún queda por recorrer.
(1) Ver Ley No. 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
(Chile). Artículo 107.
(**) Ver Robert Dahl. La Poliarquía. Participación y oposición.
Editorial Tecnos S. A. Madrid.1997
Abril 2004